El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este miércoles, en el comité de dirección del ministerio, las prioridades para el próximo cuatrimestre y que se resumen en los proyectos legislativos que actualmente están en el Congreso de los Diputados: Política Agraria Común (PAC), pesca sostenible e investigación pesquera y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
En lo que se refiere a la PAC, España está entre los siete países que han recibido ya la aprobación de la Comisión Europea a su plan estratégico que inicia ahora su trámite legislativo por la vía de urgencia para que esté en vigor en enero de 2023. La nueva PAC, que supone un cambio respecto a la del anterior programa de aplicación, se perfila como una política más justa, más social y más medioambiental. El relevo generacional, afianzar el papel de la mujer en la agricultura, apostar por la digitalización e innovación; así como iniciar la transformación de la agricultura y la ganadería hacia procesos más sostenibles, se configuran como los ejes más destacados de la nueva PAC con los ecoesquemas o ecorregímenes como principal novedad.
La PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado. Una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional.
Por su parte, la futura ley de pesca sostenible, que actualiza el marco normativo de 2001, tiene como objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.
Con respecto a la normativa para prevenir el desperdicio alimentario, una ley pionera que, ante todo, trata de concienciar sobre la necesidad de evitar el despilfarro de alimentos, más en el contexto actual, no solo quiere prevenir tirar a la basura alimentos, sino favorecer un mejor aprovechamiento de éstos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el punto de venta al consumidor.
