Los representantes de las principales organizaciones agroganaderas nacionales, Asaja, COAG y UPA, y Avianza, la asociación mayoritaria del sector español de la avicultura de carne, han constituido de forma oficial el Comité Ejecutivo de Integración que tendrá como objetivo la revisión y actualización de las Bases del Contrato Tipo de Integración, que establece las principales garantías y el marco de actuación para la regulación de la actividad entre las empresas productoras (integradoras) y sus integrados (granjas avícolas).
En concreto, han realizado una declaración conjunta en la que señalan que constituyen este Comité como instrumento operativo para el debate constructivo y la negociación proactiva de la relación entre las empresas integradoras y los granjeros dedicados a la producción de carne avícola en España y señalan que “más que nunca es imprescindible actuar de forma conjunta y coordinada para responder a los retos del sector avícola, tanto desde una posición firme de defensa de los derechos de todos los integrantes de la cadena de valor de éste, como de respeto hacia la aportación de cada uno de los pilares imprescindibles del mismo”.
En este sentido, aseguran que quieren “actuar como una voz común, firme y conciliadora a la vez”, para avanzar en el fortalecimiento de un sector clave para la economía española, con especial incidencia en zonas de la España vaciada, y generadora de más de 2.500 millones de euros de facturación para el PIB nacional, así como más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
“Hasta la crisis socioeconómica y sanitaria provocada por la pandemia de la Covid, nuestro sector había acometido uno de los mayores esfuerzos en modernización, profesionalización, capacidad de producción y de comercialización jamás realizados. Esto nos había permitido ganar por derecho propio ser uno de los tres principales mercados productores de carne avícola en Europa, con el reto de proyección internacional por primera vez en nuestra historia. Sin embargo, desde 2020, el sector español de la carne avícola se ha visto sometido a un contexto permanente de presión y asfixia que han lastrado su capacidad de producción y de equilibrio de rentabilidad, y por consiguiente su viabilidad económica”, añaden.
Así, recuerdan que llevan más de tres años “soportando en toda la cadena de valor”, desde las granjas a los centros de procesado y producción, así como las redes de comercialización, las consecuencias del incremento de las materias primas (hasta duplicar o triplicar su precio), la escalada sin precedentes de la energía (hasta 6 veces más), de los insumos y materiales como cartonaje, plásticos, la presión de la inflación, etc. Todo ello en un sector que por sus características tiene ciclos mucho más cortos de producción que otros análogos, y que le convierten “en uno de los más vulnerables”.
“Sin embargo, nuestra posición conjunta como sector ha sido siempre la de resiliencia y compromiso con la producción sin interrupciones de carne avícola para evitar cualquier desabastecimiento para las familias en España. Día tras día, todos los profesionales del sector han mantenido su actividad y cumplido con su responsabilidad”, añaden y recuerdan que, en este contexto, “hemos exigido corresponsabilidad a todos los integrantes de la cadena de valor para poder afrontar una situación crítica no solo para el sector, sino para la propia población, pues la carne avícola es un pilar imprescindible de la alimentación saludable y asequible de todos los españoles, especialmente para los más vulnerables”.
Asimismo, señalan que han demandado de forma expresa a la distribución la adaptación de los contratos de comercialización con la cadena de producción para evitar el colapso del sector en su conjunto, adaptándolos a los costes de producción en constante escalada. “Una demanda que no ha tenido la respuesta rápida y acorde a la realidad que necesitábamos, generando con ello situaciones dramáticas en granjas y empresas integradoras, algunas de las cuales no pudieron resistir la situación provocada y se vieron abocados a su cierre”, señalan y añaden que “aun así, el diálogo constructivo entre las principales organizaciones agroganaderas y las compañías de integración, con la intermediación de Avianza, ha permitido progresivos acuerdos de actualización de los costes, que si bien seguían sin ser correspondidos con la Distribución, permitían actuar de forma solidaria, una vez más, al sector de producción de carne avícola”.
Por otro lado, destacan también que ahora se ciernen “nuevas amenazas” sobre el sector de carne avícola por la presión administrativa, tanto local como europea, para imponer una “regulación draconiana” y ajena al contexto de modernización y valores impulsados por el propio sector. “Reglamentos actuales y medidas en proceso de estudio en el marco de la Unión Europea apuntan a un nuevo ataque a la viabilidad de nuestro sector, reconocido por su apuesta por la sostenibilidad en todas sus vertientes, el compromiso con los objetivos de descarbonización y avances en energía sostenible o bienestar animal”, explican.
Ante estas amenazas, la importación de carne de países ajenos a la Unión Europea sería una realidad, advierten y aseguran que se importaría carne con unos estándares de calidad, sanidad, seguridad alimentaria y bienestar animal mucho más bajos, ya que tendrían un precio mucho más competitivo.
Por último, señalan que “creemos imprescindible ser escuchados para evitar errores del pasado que abocaron a la desaparición de sectores completos de producción españoles, en detrimento de otros mercados que finalmente no supusieron ni cumplir los supuestos objetivos marcados ni el correspondiente beneficio en calidad (e incluso precio) para los consumidores. Exigimos por tanto a la Administración nacional española que actúe como defensor del sector de carne avícola español ante dichas administraciones”.
