AECOC, la Asociación empresarial que reúne a más de 35.000 compañías de la industria y la distribución de diferentes sectores profesionales, ha celebrado este martes en Barcelona su Asamblea General de Asociados, marcada el impacto del conflicto geopolítico en la economía de nuestro país. El encuentro ha contado con la intervención del presidente de AECOC, Ignacio González, quien ha destacado el impacto que están teniendo en el gran consumo la actual situación económica.
Ignacio González ha destacado que la economía española cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, lo que supone una desaceleración de siete décimas respecto al año anterior y una ligera desviación a la baja frente a las previsiones iniciales. No obstante, ha subrayado que el comportamiento del último trimestre del año fue más dinámico que el de la media de la Unión Europea y de la zona euro, confirmando una posición relativamente sólida. “La economía española ha mantenido un buen ritmo de crecimiento en comparación con nuestro entorno, aunque ya antes del conflicto se observaban signos de pérdida de impulso”, ha señalado.
La inflación había mostrado una tendencia de moderación durante la segunda mitad de 2025, tras varios años de tensiones. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente en marzo de 2026, cuando el IPC se ha incrementado hasta el 3,4%, impulsado por el impacto del conflicto con Irán en los mercados energéticos. En este contexto, la inflación subyacente se mantiene estable en el 2,7%, lo que confirma que el actual repunte inflacionario responde principalmente a factores energéticos y no a un aumento generalizado de la demanda interna.
En los meses previos al conflicto, el IPC alimentario ya mostraba cierta presión, alcanzando el 3,2% en febrero, con los alimentos no elaborados creciendo un 6,5% y los elaborados un 1,2%. No obstante, en marzo la inflación alimentaria ha moderado su avance hasta el 2,7% interanual, reflejando que el encarecimiento energético no se traslada de forma inmediata a la cesta de la compra. “El impacto inflacionario que estamos viviendo tiene un origen claramente energético, lo que introduce una volatilidad adicional en toda la cadena de valor”, ha explicado Ignacio González.
Un nuevo escenario de incertidumbre económica
El estallido del conflicto ha modificado sustancialmente las perspectivas económicas. Existe un consenso generalizado en que tendrá un impacto negativo tanto en el crecimiento como en la inflación, cuya intensidad dependerá de la duración del mismo. Las previsiones han sido revisadas a la baja en el caso del PIB y al alza en el de la inflación. En este sentido, estimaciones recientes sitúan el IPC medio de 2026 entre el 3,2% y el 4,3%, con un escenario central del 3,6%.
En este contexto, el sector del gran consumo afronta un entorno especialmente sensible al aumento de los costes energéticos, que afectan de forma transversal a toda la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución. Este impacto resulta especialmente relevante en la industria alimentaria, donde factores como el coste de los fertilizantes juegan un papel clave.
Ignacio González ha advertido que “el impacto de la energía no solo afecta a los costes industriales, sino que termina trasladándose a toda la cadena de valor, generando una presión que debemos vigilar con especial atención”.
Crecimiento con tensiones internas y señales de agotamiento
La economía española presenta actualmente un equilibrio frágil entre crecimiento y debilidades estructurales. Aunque el empleo mantiene una evolución positiva, el consumo interno empieza a mostrar signos de agotamiento, con un crecimiento más moderado y un consumidor más prudente. En términos de composición, el 45% del crecimiento del consumo se explica por el aumento de la población, mientras que el 55% restante procede del crecimiento del PIB per cápita.
Productividad, absentismo y presión sobre el sistema
Entre los principales retos estructurales destaca la baja productividad, que continúa alejándose de los niveles medios europeos. El 80% de los directivos del gran consumo considera prioritario abordarla mediante inversiones en tecnología y capital humano.
El absentismo laboral se ha consolidado como otro de los grandes desafíos, con un coste equivalente al 1,4% del PIB y cifras récord en 2025. Se trata de un fenómeno multifactorial, vinculado a factores como la falta de seguimiento de las bajas, cambios normativos, el envejecimiento de la población activa o el aumento de los problemas de salud mental. “El absentismo está comprometiendo la productividad de las empresas y, al mismo tiempo, la sostenibilidad del propio sistema de bienestar”, ha alertado Ignacio González.
Entre las medidas propuestas por el presidente de AECOC para solucionar el absentismo laboral destacan el refuerzo del diálogo entre administraciones, empresas y sindicatos, una mayor coordinación con el sistema sanitario, el impulso del papel de las mutuas, la digitalización de los procesos y la mejora de la información disponible.
Regulación, competitividad y reivindicaciones del sector
El entorno regulatorio se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las empresas del gran consumo. El volumen normativo ha pasado de 476 normas en 2019 a más de 1.400 en 2025, generando un contexto de creciente complejidad. Esta situación incrementa los costes estructurales, penaliza especialmente a las pymes y dificulta la unidad de mercado. Por ello, el sector reclama avanzar hacia un marco regulatorio más armonizado, coherente y predecible, que aporte seguridad jurídica y facilite la planificación empresarial. “La estabilidad regulatoria es una condición imprescindible para poder invertir, crecer y competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo”, ha afirmado Ignacio González.
Entre las principales reivindicaciones destacan la necesidad de estabilidad normativa, un entorno que favorezca el crecimiento empresarial, mejoras en la competitividad a través de la fiscalidad y los costes, y una visión política a largo plazo. Asimismo, el sector ha subrayado su carácter estratégico y su elevada vulnerabilidad ante factores externos, especialmente por su dependencia de la energía y los costes logísticos, lo que hace imprescindible proteger toda la cadena de valor del gran consumo.
Finalmente, se ha puesto sobre la mesa un elemento de reflexión fiscal, al destacar que el Estado ha obtenido 27.000 millones de euros adicionales de ingresos impositivos en 2025, frente a un plan de ayudas de 5.000 millones en el contexto del conflicto, lo que abre el debate sobre la capacidad de respuesta y priorización de políticas públicas en escenarios de crisis.
