Las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de España piden al Gobierno y las distintas administraciones “una batería de medidas necesarias, urgentes y estructurales frente a la pérdida de rentabilidad y de competitividad que se viene produciendo de forma sistemática y continuada en el sector del olivar de almazara, siendo España la principal productora de aceite a nivel mundial”.
Según han explicado en un comunicado, “en primer lugar, teniendo en cuenta que el aceite de oliva es el único producto agroalimentario en el que España es líder a nivel mundial, se pide al Gobierno de España y a las instituciones que otorguen al olivar de almazara la categoría de cultivo y producto estratégico en las políticas agrarias y económicas de nuestro país por su trascendencia económica, social y medioambiental”.
Asimismo, teniendo en cuenta que el olivar es el cultivo más eficiente en el uso del agua, desde el punto de vista económico, social y medioambientalmente; que está siendo el cultivo más afectado por el cambio climático, y ante la falta de rentabilidad y condiciones climáticas extremas” consideran absolutamente necesario: mejorar la gestión de los recursos hídricos, aumentar la superficie de olivar en regadío, buscar nuevas fuentes de captación de agua y dar prioridad al cultivo de olivar en el acceso al agua. Además, con el objetivo de seguir siendo el cultivo más eficiente en el uso, las dotaciones deben ser iguales para todos los tipos de producción”.
“En una apuesta por la calidad de los aceites, su promoción internacional y lucha contra el fraude: exigimos a la Administración que dote de los recursos necesarios para la aplicación efectiva de la normativa existente de calidad y etiquetado y para aumentar de forma significativa y suficiente los controles efectivos sobre los movimientos de producto. En este sentido, exigimos que se controle no solo el producto comercializado, sino que se realice la verificación de los procesos industriales y del balance de masas en las inspecciones. Especialmente controlar las adicciones de otros aceites de semillas, de orujo o desodorizados”, añaden.
Además, señalan que “también es necesario revisar el sistema de infracciones para que los incumplimientos de este tipo lleven sanciones penales, como ya ocurre en países competidores, que reduzcan las ganas de cometerlos. Y que se utilicen todas las nuevas tecnologías disponibles para cruzar toda la información que se genera en los diferentes sistemas de información de SIMO, REMOA, Registro de Contratos y Aduanas para detectar situaciones de riesgo de fraude, dirigir y documentar las inspecciones”.
Para conseguir la transparencia, explican, se debe incluir en la normativa la obligatoriedad para los operadores de identificar el contrato al que corresponde el producto transportado en el registro de movimientos REMOA cuando responda a una operación de compraventa, así como la obligatoriedad de introducir el precio del producto transportado en el sistema REMOA, realizando para ello las modificaciones pertinentes en la normativa actual.
Asimismo, aseguran que es necesario apoyar de forma efectiva y con recursos las investigaciones dirigidas a obtener métodos químicos que sirvan para detectar mezclas ilegales y desodorizados, al tiempo que avanzar en métodos químicos que den objetividad a la clasificación organoléptica de los aceites de oliva vírgenes.
“Para evitar la distorsión del mercado y los problemas de equilibrio de la oferta y la demanda, exigimos a las Administraciones que apliquen de forma rigurosa y efectiva las medidas existentes en la legislación para la regulación de la oferta y la demanda y que son de obligado cumplimiento para todos los operadores afectados. En concreto todas las organizaciones apoyan las medidas de aplicación del artículo 167 bis propuesta por el MAPA”, añaden.
En materia de autorregulación, se pide una línea de préstamos ICO suficiente para que las almazaras dispongan de financiación para cubrir los costes financieros de la autorregulación. Asimismo, señalan que es imprescindible el control y transparencia de las importaciones, dando luz a los movimientos de producto y trazabilidad a los aceites almacenados en depósitos aduaneros, estableciendo mecanismos eficaces de control, tal y como exige el Tribunal de Cuentas europeo.
“Y, también, en este sentido, solicitamos la supresión del régimen de perfeccionamiento activo, ya que los regímenes aduaneros suspensivos de aranceles (perfeccionamiento activo y contingente arancelario) no disponen de registros en las importaciones regulares de EUROSTAT ni garantías de trazabilidad”, explican las organizaciones agrarias.
Respecto a Túnez, uno de los principales orígenes de las importaciones que distorsionan el mercado, se solicita la suspensión no solo del régimen de perfeccionamiento activo, sino también del contingente arancelario.
Finalmente, se considera necesario “dotar de eficacia y recursos a la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del aceite de oliva. Para ello consideramos imprescindibles: el establecimiento, de forma objetiva, de unos costes medios del aceite de oliva; el control de los precios de las importaciones para verificar que no estén por debajo de esos niveles; y el establecimiento de medidas de compensación para todos aquellos productores que no puedan vender los aceites porque no se alcancen los umbrales de rentabilidad”.
El acuerdo finaliza planteando un plan de reconversión con fondos públicos que garantice la sostenibilidad y competitividad del sector, favoreciendo la modernización y reestructuración de las explotaciones donde las condiciones agronómicas, económicas y ambientales lo permitan, así como con la necesidad de establecer un plan estratégico integral para el olivar tradicional, con apoyos decididos para su diferenciación.
