El Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha reunido para analizar la situación de la campaña vitivinícola, la evolución de la producción nacional e internacional y diferentes cuestiones normativas que afectan a la competitividad y a la comercialización del vino. Tras analizar la información disponible de las principales zonas productoras, sitúa su previsión de cosecha nacional de vino y mosto en aproximadamente 34 millones de hectolitros.
De confirmarse esta estimación, España encadenaría cuatro campañas consecutivas con una producción inferior a los 37 millones de hectolitros, consolidando un periodo de cosechas significativamente inferiores a otros ejercicios.
A pesar del adelanto de la vendimia, la uva recogida presenta una gran calidad. Sin embargo, las elevadas temperaturas han afectado a la productividad de los viñedos y han provocado una reducción del tamaño de las uvas y un menor peso.
Esta menor disponibilidad de producto se produce, además, en un contexto internacional igualmente marcado por producciones reducidas. Las estimaciones analizadas por el Consejo Sectorial sitúan la producción mundial de vino en torno a los 222 millones de hectolitros. De materializarse esta cifra, sería también el cuarto año consecutivo de baja producción mundial y uno de los volúmenes más reducidos de las últimas décadas. Como referencia, en 2018 la producción mundial de vino alcanzó aproximadamente los 294 millones de hectolitros.
Durante la reunión, el Consejo Sectorial abordó también la propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2019/33, en relación con las normas de etiquetado de los productos vitivinícolas destinados a terceros países. Cooperativas Agro-alimentarias de España considera necesario “establecer una autorización automática que permita a los vinos europeos destinados a la exportación cumplir los requisitos de etiquetado exigidos por los mercados de destino cuando estos no coincidan con los establecidos dentro de la Unión Europea”.
En este sentido, el sector cooperativo solicita modificar la redacción actual «Estado miembro puede permitir» para evitar que la aplicación de esta excepción dependa de una decisión nacional. La existencia de diferentes criterios nacionales puede generar cargas administrativas adicionales para las empresas exportadoras cuando las exigencias de etiquetado de los países importadores difieren de las normas comunitarias.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, un enfoque armonizado a escala europea aportaría mayor seguridad jurídica, reduciría la complejidad administrativa y facilitaría el acceso de las bodegas y cooperativas europeas a los mercados internacionales.
