Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la publicación urgente de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, que establece las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013. Dicha norma está avalada por la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea.
Las organizaciones consideran que la activación del mecanismo de regulación de la oferta constituye una herramienta fundamental para contribuir a estabilizar el mercado, evitar un mayor desplome de los precios y proteger la rentabilidad de miles de explotaciones olivareras.
Las cuatro organizaciones han remitido una carta al ministro de Agricultura en la que advierten de la necesidad urgente de activar los mecanismos de regulación de la oferta contemplados en la normativa, una vez conocidos los aforos de cosecha y las existencias de final de campaña, a partir del avance de las declaraciones de los operadores correspondientes al mes de septiembre.
El sector considera imprescindible que el Ministerio publique cuanto antes la orden ministerial y la correspondiente resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, en la que se establezca el porcentaje de almacenamiento obligatorio que deberán aplicar las almazaras productoras de aceite de oliva.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España alertan de la preocupante evolución del mercado del aceite de oliva, cuyas cotizaciones han registrado una tendencia descendente durante las últimas semanas. En estos momentos, los precios medios del aceite de oliva virgen extra se sitúan en torno a los 3,30 euros por kilo, mientras que los del aceite lampante han descendido hasta los 2,90 euros por kilo. Estas cotizaciones se encuentran por debajo de los costes de producción de la mayoría de las explotaciones de olivar, una situación especialmente preocupante tras el incremento registrado durante el último año en los costes de los insumos, la mano de obra y los carburantes.
Otro de los aspectos que preocupa especialmente al sector es la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre todos los operadores.
Las organizaciones recuerdan que la producción de aceite de oliva durante el mes de octubre adquiere cada año una mayor importancia y tiene una influencia creciente en el comportamiento del mercado. “Sin embargo, mientras no se publique la normativa que establezca la obligación de almacenamiento los operadores que produzcan y comercialicen la totalidad de su aceite antes de su entrada en vigor podrían quedar al margen de la medida, generando diferencias respecto a aquellos que inicien su actividad posteriormente”, señalan.
Las organizaciones recuerdan, además, que la propuesta de orden ministerial ya contempla mecanismos para ajustar las cantidades almacenadas a lo largo de la campaña. De esta forma, una vez disponibles los datos definitivos de producción y existencias, se podría revisar a la baja el porcentaje inicialmente establecido y permitir la liberación al mercado de parte del aceite retenido, si las circunstancias así lo aconsejan.
Las cuatro organizaciones subrayan que no es admisible que los agricultores tengan que comercializar su producción por debajo de sus costes, comprometiendo la viabilidad económica de sus explotaciones y el futuro de un sector estratégico para numerosas zonas rurales españolas.
