Tras toda la semana negociando en el Trilogo, la Comisión Europea, Consejo y Parlamento no han alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que deberá regir a partir de 2023 y hasta 2027 en la Unión Europea (UE). Los principales desacuerdos versan sobre el nuevo régimen que fomenta la agricultura y ganadería ecológica y también por la protección laboral con la que se quieren enfocar ahora las ayudas.
A este respecto, Cooperativas Agroalimentarias de España considera que las últimas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sobre la denominada arquitectura verde, uno de los principales escollos, deben tener en cuenta la sostenibilidad del sector agrario europeo, no sólo medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. “Creemos que la Comisión Europea debe jugar un papel de mediador entre las posiciones del Consejo y del Parlamento y no intentar imponer posiciones que van más allá de su propuesta de 2018”, asegura.
A pesar del bloqueo de las negociaciones por la arquitectura verde, el Trilogo ha hecho progresos en temas importantes para España como ampliar el sistema de frutas y hortalizas basado en organizaciones de productores para otros sectores, la ampliación de autorizaciones de plantación de viñedo hasta 2045, la ampliación del artículo 167 de la OCM única para el sector del aceite de oliva, y alguna ampliación de medidas sobre la gestión de mercados.
Por su parte, UPA ha lamentado que las negociaciones no hayan llegado “a buen puerto”, pero reconoce que aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente al modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España: el formado por explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión.
Para esta organización, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. “¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?”, reflexionan. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social “irrenunciable”, que el propio Parlamento Europeo respalda.
El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea deben alcanzar un acuerdo final en junio con la presidencia portuguesa.
