FEDEPESCA, CEOPPAN y CEDECARNE, las patronales nacionales del comercio especializado del pescado, el pan y la carne, han valorado positivamente la modificación introducida por el Real Decreto 15/2025, de 2 de diciembre, que amplía los plazos para la adaptación de los sistemas informáticos de facturación (SIF) al sistema VeriFactu. La nueva calendarización fija la entrada en vigor el 1 de enero de 2027 para las empresas que presentan Impuesto de Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes.
Según las organizaciones sectoriales, esta ampliación supone un alivio para el tejido empresarial alimentario artesano y tradicional sin renunciar a los objetivos de transparencia y control fiscal que persigue la norma. En su valoración, subrayan que el margen adicional permitirá analizar con mayor profundidad la realidad de un sector compuesto mayoritariamente por microempresas y autónomos con recursos humanos, técnicos y económicos muy limitados.
Las patronales consideran imprescindible que la implantación de VeriFactu tenga en cuenta las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación. En su opinión, una aplicación homogénea de la norma podría generar efectos desproporcionados y comprometer la viabilidad de miles de establecimientos repartidos por todo el territorio.
FEDEPESCA, CEOPPAN y CEDECARNE describen un escenario de creciente vulnerabilidad para los comerciantes autónomos de estos sectores. Se trata, señalan, de profesionales que han contribuido históricamente al desarrollo económico y social del país y que trabajan una media de 47 horas semanales, cifra que se incrementa en el comercio de alimentación por las tareas de abastecimiento nocturno. A ello se suma la dificultad para acogerse a bajas laborales y una acumulación de exigencias legislativas y regulatorias que, según datos de ATA, suponen al menos 200 horas anuales de dedicación administrativa, en detrimento de la conciliación personal y familiar.
Esta presión normativa, añaden, afecta directamente a la rentabilidad de los pequeños negocios y a la posibilidad de que sus titulares puedan vivir de su actividad. En este contexto, el comercio minorista especializado de alimentación es presentado como un actor clave de la economía de proximidad, la cohesión social y la vida de barrios y municipios, con un predominio de negocios familiares o microempresas orientadas al consumidor final.
Las singularidades del comercio especializado
Las patronales recuerdan que estos establecimientos operan, en su mayoría, bajo regímenes fiscales específicos, especialmente el Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA, cuentan con estructuras administrativas mínimas y dependen en gran medida del trabajo personal del autónomo titular.
De cara a la implementación de VeriFactu en 2027, identifican cuatro aspectos críticos. El primero es la venta mediada por báscula, habitual en pescaderías, carnicerías y panaderías. La adaptación de básculas homologadas integradas con TPV a los requisitos de VeriFactu implicaría inversiones elevadas en hardware y software, la sustitución de equipos plenamente operativos y una mayor complejidad técnica que en otros formatos comerciales.
El segundo punto se refiere a la limitada capacidad de las micropymes, con menos de 10 trabajadores, para asumir inversiones tecnológicas significativas en plazos reducidos, especialmente cuando estas no generan un retorno directo. El tercero afecta a los empresarios mayores de 60 años, que, según las organizaciones, no disponen de la preparación ni del horizonte temporal necesario para amortizar el esfuerzo de adaptación. El cuarto elemento clave es el propio Régimen de Recargo de Equivalencia, en el que muchas operaciones no exigen la expedición de factura y donde el control del fraude fiscal se desplaza principalmente a los proveedores mayoristas.
Ante estos condicionantes, las patronales advierten de que una aplicación indiscriminada de VeriFactu podría tener consecuencias negativas relevantes, agravadas por la falta de conocimiento técnico especializado, los elevados costes de software y hardware, la escasez de soluciones sencillas y asequibles y la ausencia de ayudas suficientes.
Para compatibilizar los fines de la norma con la realidad del comercio artesano y tradicional, FEDEPESCA, CEOPPAN y CEDECARNE proponen un conjunto de medidas. Entre ellas, la exención del cumplimiento de VeriFactu para micropymes, empresarios persona física mayores de 60 años, comunidades de bienes de pequeño tamaño y autónomos del comercio minorista de alimentación acogidos al Recargo de Equivalencia que realicen exclusivamente ventas a consumidores finales.
Asimismo, plantean un tratamiento técnico específico o una moratoria ampliada para las ventas mediadas por báscula, una entrada en vigor escalonada basada en criterios objetivos como el régimen fiscal o el volumen de facturación, deducciones fiscales en el IRPF vinculadas a las inversiones necesarias, subvenciones directas para la adquisición y adaptación de equipos y líneas de financiación bonificada accesibles a microempresas y autónomos.
Impacto limitado para la Administración
Las organizaciones sostienen que estas medidas tendrían un impacto mínimo para la Administración Pública. Según datos de la Agencia Tributaria presentados en el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria de diciembre de 2025, el comercio minorista especializado de alimentación representa el 5% del resultado total del comercio. Exonerar del sistema VeriFactu al comercio mayorista y minorista de alimentación alcanzaría el 12% del resultado de toda la cadena alimentaria y solo el 5% del comercio minorista que vende al consumidor final.
De acuerdo con el INE, existen en España 62.082 empresas persona física de comercio minorista especializado de alimentación con hasta nueve trabajadores. Una gran parte de ellas ya está acogida a sistemas simplificados, lo que reduce aún más la incidencia fiscal de una posible exoneración.
En este contexto, las patronales insisten en que una implantación proporcionada y adaptada de VeriFactu permitiría avanzar en la digitalización y el control fiscal sin poner en riesgo la continuidad de un sector considerado esencial para la economía local, el empleo y la cohesión social.
