La UE reaccionó rápidamente a la amenaza que la pandemia de Covid-19 planteó a las cadenas de suministro agrícola. Las distintas medidas de la UE contribuyeron a limitar la perturbación del sector agroalimentario, según concluye el Tribunal en un informe publicado este jueves, que señala que, no obstante, “si en el futuro aconteciera una crisis similar, el apoyo de la UE sería más eficaz si se proporcionaran ayudas más específicas a los sectores y a los agricultores que realmente las necesiten”.
En su trabajo, los auditores comprobaron la aplicación de las medidas de la UE en cinco Estados miembros: (Grecia, España, Francia, Polonia y Rumanía), que representaban el 69% de los importes asignados como ayudas directas excepcionales a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas, y el 87% de los importes destinados a la destilación de crisis.
El informe señala que la pandemia de Covid-19 repercutió en las cadenas de suministro de productos agrícolas del agricultor al consumidor. El transporte de productos, principalmente el transfronterizo, quedó obstaculizado. Los supermercados sufrieron problemas de abastecimiento. La respuesta de la UE se concretó en varias medidas, tales como directrices para garantizar una cadena agroalimentaria eficiente en la UE y clasificar a los trabajadores de temporada de “esenciales”, facilidades a la ayuda estatal, y medidas excepcionales de intervención en el mercado.
“La crisis del Covid-19 afectó gravemente al sector agroalimentario europeo”, afirma Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. “Desgraciadamente, este no es un acontecimiento aislado: la guerra de Rusia contra Ucrania también ha planteado un importante problema para la seguridad de nuestro suministro alimentario. Esperamos que nuestro trabajo contribuya a mejorar el diseño y la orientación de las futuras medidas de respuesta a las crisis destinadas a apoyar al sector agroalimentario”, añade.
En su informe, los auditores subrayan la rapidez de la UE en su respuesta. Justo al inicio de la pandemia, la Comisión Europea emitió las directrices sobre carriles verdes relativas a la circulación de mercancías y trabajadores esenciales que mitigaron las perturbaciones en el sector agroalimentario. Asimismo, se estableció rápidamente un marco de ayuda directa de 712 millones de euros mediante la reasignación de fondos no utilizados del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que proporcionó hasta 7 000 euros por agricultor y 50 000 euros por pyme.
Por último, la principal respuesta fiscal a la pandemia procedió de los presupuestos nacionales y la UE facilitó sin demora medidas de ayudas estatales. No obstante, los niveles de ayuda pública presentaban grandes variaciones entre países de la UE. Así ocurrió respecto de los dos mayores productores de plantas y flores: las ayudas estatales alcanzaron casi el 9% del valor de la producción de este sector en los Países Bajos, mientras que en España fue muy inferior (0,3%). Esta diferencia puede crear competencia desleal.
Paralelamente, las ayudas directas no se destinaron suficientemente a los beneficiarios más necesitados. Muchos países de la UE (como Polonia, Rumanía, Grecia, Italia y España) apoyaron a los agricultores de un sector determinado independientemente de que hubieran sufrido o no pérdidas. En consecuencia, es posible que algunos agricultores recibieran ayudas aunque la crisis no los hubiera afectado. Otros recibieron compensaciones excesivas. Por ejemplo, se estima que la compensación recibida por algunos productores de uva de Andalucía podría triplicar el importe de sus pérdidas.
También en la industria vitivinícola, la Comisión aplicó medidas de retirada definitiva (destilación de crisis) o temporal (almacenamiento de crisis) del vino del mercado para reducir la oferta excesiva. No obstante, “las grandes diferencias en la concesión de ayudas generaron desigualdad de trato”. Los auditores advierten de que esto constituye discriminación entre productores de vino, además de incumplimiento de las normas.
