La Comisión Europea ha publicado su informe periódico sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE en el sector agrícola. El informe muestra que estas normas brindan a los agricultores oportunidades para colaborar, fortalecer su posición en la cadena de suministro agroalimentaria y contribuir a unos mercados agroalimentarios más justos y resilientes, al tiempo que garantizan beneficios para los consumidores.
El informe también ilustra cómo las normas actuales mantienen al sector agrícola de la UE orientado al mercado, con una coordinación eficaz entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros para garantizar una competencia sólida y efectiva.
La legislación de la UE reconoce los retos específicos a los que se enfrentan los agricultores y prevé las exenciones necesarias de las normas de competencia de la UE para permitirles cooperar de forma que fortalezcan su posición en la cadena de suministro agroalimentaria. Estas normas permiten a las organizaciones de productores negociar colectivamente en nombre de los agricultores, planificar la producción y gestionar la oferta con mayor eficacia. Otros tipos de cooperación entre agricultores (cooperación horizontal) o entre agricultores y otros agentes de la cadena de suministro agroalimentaria (cooperación vertical) también están regulados por la legislación de la UE.
Estas exenciones de las normas de competencia de la UE ayudan a los agricultores a mejorar su posición negociadora, gestionar los riesgos y responder con mayor eficacia a los retos del mercado. En particular, las normas de la UE también permiten a los productores y otros agentes de la cadena de suministro agroalimentaria cooperar en acuerdos que persiguen estándares de sostenibilidad más elevados que los exigidos por la legislación de la UE o nacional.
El informe concluye que, si bien estas posibilidades están disponibles, los agricultores aún no aprovechan plenamente su potencial. Una mayor participación en organizaciones de productores y otras formas de cooperación, incluso con fines de sostenibilidad, podría permitir que más agricultores se beneficien de las oportunidades que ofrece el marco de la UE.
La aplicación de la ley ayuda a proteger a los agricultores y a mantener la equidad en los mercados
El informe también subraya que la aplicación de las normas de competencia de la UE es esencial para que los agricultores puedan operar en igualdad de condiciones.
Entre julio de 2017 y julio de 2025, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia de la UE concluyeron alrededor de 110 investigaciones en el sector agrícola. Estas investigaciones contribuyeron a abordar las preocupaciones en la cadena de suministro agroalimentaria, prevenir prácticas anticompetitivas y, cuando fue necesario, obligaron a las empresas a modificar su comportamiento o a pagar multas. Los agricultores fueron la principal fuente de investigaciones, al presentar denuncias ante las autoridades de competencia.
Algunos de los casos más frecuentes involucraban acuerdos entre compradores para coordinar precios o cantidades, lo que reducía la capacidad de los agricultores para negociar libremente y debilitaba su posición en el mercado. Otros casos frecuentes implicaban colusión para aumentar los precios, como prácticas de manipulación de licitaciones por parte de proveedores de productos lácteos y otros productos alimenticios, incluso en detrimento de organizaciones benéficas de alimentos. También hubo iniciativas agrícolas nacionales que fueron modificadas a petición de las autoridades de competencia para evitar el proteccionismo mediante la preferencia por los productos nacionales.
La Comisión y las autoridades nacionales de competencia también proporcionaron orientación sobre las acciones colectivas de los agricultores, en particular sobre las iniciativas de sostenibilidad.
Mediante la aplicación de la normativa y la orientación, la Comisión y las autoridades nacionales de competencia contribuyen a garantizar que los mercados agrícolas sigan siendo abiertos y competitivos, lo que permite a los agricultores, las empresas y los consumidores beneficiarse de una cadena de suministro agroalimentaria que funcione correctamente.
