Una encuesta realizada por Aecoc entre fabricantes, distribuidores y operadores logísticos del gran consumo evidencia que las empresas consideran que la inversión necesaria, junto a la falta de infraestructuras, limitan su capacidad para avanzar en movilidad sostenible.
Coincidiendo con la celebración de la Semana Europa de la Movilidad, Aecoc ha publicado los resultados del sondeo “Movilidad Sostenible en la Distribución Urbana de Mercancías (DUM)”, que recoge las valoraciones sobre los principales retos en DUM de distribuidores con más de un 60% de cuota de mercado y empresas líderes de la industria y la logística del gran consumo.
En concreto, revela que el 96% de las compañías considera que la renovación de la flota de vehículos para la DUM es la estrategia que más contribuye a la reducción de emisiones generada por el reparto de mercancías en la última milla. Sin embargo, las empresas identifican barreras que impiden su aplicación: el 41% entiende que la inversión necesaria es demasiado alta para sustituir sus flotas actuales, mientras que el 20,7% denuncia la falta de infraestructuras de recarga disponibles.
Del mismo modo, el 96% de las empresas reclaman a la administración más ayudas económicas como principal medida para avanzar hacia modelos de movilidad sostenible, mientras que algo más de la mitad considera que también deben fomentarse los proyectos de colaboración público-privada y el aumento de las zonas de carga y descarga.
Peajes y normativa
El sondeo también recoge las valoraciones de las empresas sobre la regulación que rige la distribución urbana de mercancías y medidas que podrían entrar en vigor en el futuro. Así, el 65% se muestra contrario a la creación de nuevos peajes de acceso a las ciudades, ya que entiende que generaría sobrecostes que limitarían, aún más, la inversión en medidas de movilidad sostenible. El 34,5%, sin embargo, considera que la medida solo sería eficaz si se reinvirtiese lo recaudado en mejorar la infraestructura DUM de las ciudades.
Respecto a las medidas tomadas por las administraciones, más del 70% de las empresas entiende que las normativas implementadas tanto en el ámbito estatal, como autonómico y local no son efectivas a la hora de acometer una transición hacia modelos de distribución urbana más sostenible.
Sobre la aplicación de Zonas de Bajas Emisiones, el 45% de las empresas entiende que sí son útiles para la reducción de las emisiones, aunque reclaman moratorias para adaptar su operativa a los nuevos requisitos medioambientales. En la misma línea, el 34% de los encuestados considera que los vehículos destinados a la DUM deberían tener exenciones, al ser una actividad esencial para abastecimiento de las ciudades.
