La Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al comercio de proximidad en toda España, celebra la decisión adoptada este miércoles por el Congreso de los Diputados de rechazar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial.
“Desde la CEC entendemos que este resultado refuerza el papel del diálogo social como la vía adecuada para abordar cuestiones de gran calado como la jornada laboral. Las reformas que afectan de manera tan directa a empresas y trabajadores no pueden imponerse de forma unilateral desde el poder legislativo, sino que deben ser fruto de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos”, señala la organización en un comunicado.
“El Congreso ha reconocido con esta decisión la importancia de que los cambios en materia laboral no se impongan de manera unilateral, sino que se adapten a la realidad de cada sector y de cada territorio, siempre a través de los instrumentos de negociación que prevé nuestra Constitución”, manifiesta el presidente de CEC, Rafael Torres.
La Confederación recuerda que el comercio minorista está formado por más de 393.000 empresas, de las cuales la gran mayoría son pymes y autónomos con estructuras reducidas. En este contexto, cualquier reforma en la jornada laboral debe valorar de forma específica el impacto que podría tener en el sector, dado que: podría implicar un sobrecoste estimado de hasta 3.866 millones de euros para el conjunto del comercio minorista, en un momento de fuerte incremento de costes de actividad; la gran dependencia del comercio de proximidad de la presencia física del personal en el punto de venta dificultaría compensar las horas reducidas sin riesgos para la competitividad; y muchos pequeños comercios, sin capacidad de reorganizar turnos, se verían obligados a reducir hasta 120 horas de apertura al año, debilitando aún más su posición frente a grandes superficies y plataformas online.
La CEC confía en que la votación de ayer marque un punto de inflexión y que, a partir de ahora, cualquier debate sobre la jornada laboral se aborde en el marco del diálogo entre sindicatos y patronales, escuchando especialmente a los sectores más vulnerables. “Asimismo, reiteramos la necesidad de que cualquier futura reforma laboral tenga en cuenta la realidad específica del comercio de proximidad, un sector estratégico que representa el 12,3% del tejido empresarial nacional, genera el 4,9% del PIB y da empleo a 1,43 millones de trabajadores asalariados, además de a cerca de medio millón de autónomos”, concluye.
Fepex también valora el rechazo del Congreso
Otra organización española, Fepex, también ha valorado el rechazo del Congreso a la tramitación de la Ley de reducción de la jornada laboral, “puesto que es una medida que hubiera causado un grave impacto en la competitividad de las empresas del sector hortofrutícola, al haberse elaborado sin tener en cuenta la negociación colectiva y las particularidades del sector hortofrutícola, que destaca por el carácter intensivo de sus cultivos y la importante demanda de mano de obra necesaria para mantener su actividad productiva”.
Las características del empleo en el sector hortofrutícola, definido por su estacionalidad, cíclica e intermitente en los trabajos en la producción y la temporalidad y urgencia de muchas de las tareas, requiere, según Fepex una regulación más flexible de la distribución irregular de la jornada (adaptada a las especificidades del empleo del sector) y el aumento del límite de horas extraordinarias, como tienen legislado los principales países competidores europeos.
Preocupa especialmente el impacto que puede tener, ahora, una reforma del registro horario con la implantación de la interoperabilidad, la automatización en las subidas del SMI y la modificación de los conceptos de compensación y absorción de los complementos salariales sin un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social.
Fepex se suma al llamamiento realizado por CEOE para la defensa del diálogo social y la reactivación de la negociación colectiva. Además, como organización empresarial representativa, que participa en la comisión negociadora del Convenio Estatal Agrario, planteará que la negociación de este Convenio promueva, de forma consensuada, una regulación laboral que se adapte y que contemple la realidad del sector, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las empresas, y que no provoque una reducción de empleo y una pérdida de competitividad internacional.
