El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Congreso que aprobará “de forma inminente” un proyecto de ley para completar los cambios ya aprobados en la Ley de cadena alimentaria que busca atender a la situación del campo y, de esta forma, trasponer la directiva europea de malas prácticas comerciales.
De este modo, y ante un hemiciclo prácticamente vacío, Planas ha avanzado que prepara nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, tal y como ha venido prometiendo desde que comenzaron las movilizaciones del sector agrario a finales de enero.
En el debate para convalidar el decreto ley con medidas de urgencia para responder a las demandas de agricultores y ganaderos por la crisis del campo, aprobado el pasado 25 de febrero, Planas ha reconocido la importancia del sector en la actual crisis y ha dicho que “gracias a su buen trabajo” todos los productos están llegando a los ciudadanos “con práctica normalidad, en cantidad y calidad suficientes”.
En este contexto, ha señalado que “el reequilibrio de la cadena alimentaria, lograr una mayor transparencia en la formación de precios y mejorar la posición negociadora de agricultores y ganaderos es “más justificado y necesario”.
Ha recordado que el real decreto-ley cuenta con medidas de “impacto positivo y necesario” para fomentar el reparto equitativo del valor añadido y reequilibrio de la cadena alimentaria; la mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles; y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.
Los principales cambios, ha señalado, se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la “venta a pérdida”; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos; y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.
