El Gobierno ha anunciado que aprobará este viernes el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, un paquete de medidas cuyo objetivo es proteger a las personas más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios. CECU valora positivamente que el Ejecutivo reconozca la urgencia de la situación y que el ministro de Consumo se haya reunido con el vicepresidente de la CCNMC para abordar medidas como la vigilancia de precios y márgenes, tal y como CECU ya había solicitado anteriormente.
Sin embargo, la organización considera que las propuestas que se han adelantado son claramente insuficientes para proteger a los consumidores españoles. Además, señala la necesidad de que el ejecutivo convoque a las organizaciones de consumidores para analizar la aplicación de medidas dirigidas a la población, tal y como hace con otros sectores económicos y profesionales.
CECU reclama al Gobierno medidas ambiciosas en materia de alimentación, energía, transporte y vivienda y alerta del riesgo de no actuar con antelación ante un nuevo incremento de los precios de los alimentos. Asimismo, señala la ausencia en el plan anunciado de una medida concreta y urgente: topar el precio de una cesta básica de alimentos para garantizar que nadie se quede sin acceso a una alimentación digna.
Por ello, CECU insta al Gobierno a aprobar con urgencia medidas concretas en tres líneas de actuación:
-En primer lugar, limitar precios: establecer una cesta básica de alimentos, con especial atención a frutas, verduras, legumbres y pescado, siguiendo las recomendaciones de salud pública, e impedir el aumento de sus precios en momentos de volatilidad. Además, es necesario reforzar los mecanismos de apoyo a los colectivos más vulnerables para garantizar su acceso a estos productos, mediante ayudas directas o instrumentos específicos orientados a su compra.
-En segundo lugar, transparencia y control de la cadena alimentaria: seguimiento de los márgenes de beneficio de industria y distribución, prohibiendo prácticas especulativas en alimentos básicos, para evitar que grandes empresas aprovechen la crisis para obtener beneficios extraordinarios, y garantía del cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.
-En tercer lugar, promoción de sistemas alimentarios locales, saludables y resilientes menos dependientes de las subidas del precio de los combustibles fósiles y de cadenas largas de suministro: fomento de la producción y el comercio de proximidad, compra pública de alimentos frescos y de temporada, y refuerzo de la alimentación en centros educativos para garantizar la gratuidad de al menos dos ingestas adecuadas diarias a niños y adolescentes.
La organización recuerda que España arrastra todavía las consecuencias del último ciclo inflacionario: los precios de la alimentación han subido un 30% en los últimos años, según datos del IPC, y millones de hogares no se han recuperado de ese golpe. “Un nuevo episodio de inflación descontrolada, en un contexto que combina la subida del precio de la energía, la vivienda y los alimentos, tiene el potencial de desencadenar una crisis social de gran magnitud, con especial impacto en la población más vulnerable”, señala Eduardo Montero, experto en Alimentación de CECU.
Asimismo, recuerda que “las herramientas existen: el propio Gobierno llegó a proponer límites a los precios dinámicos en situaciones de emergencia, iniciativa que decayó por no conseguir suficiente apoyo parlamentario”. CECU hace un llamamiento a todos los grupos políticos “para que antepongan el interés de la ciudadanía y actúen antes de que la crisis sea irreversible”.
