Anierac y Asoliva consideran que la protección del aceite de oliva y de la rentabilidad de toda la cadena de valor exige una estrategia sectorial de largo plazo, basada en el crecimiento del consumo, la creación de demanda, la apertura y consolidación de mercados, la internacionalización, la competitividad y la generación de mayor valor añadido.
“España tiene que proteger su producción, pero también su capacidad para comercializarla y generar demanda. Son dos objetivos que se necesitan mutuamente”, han señalado ambas organizaciones en un comunicado en el que destacan que para lograrlo proponen avanzar en una estrategia sectorial que contemple de forma conjunta la producción, las existencias, el consumo, las exportaciones, las importaciones, los precios y la evolución de los competidores internacionales. “Las medidas deben encaminarse a ampliar la base de consumidores, reforzar la presencia internacional y consolidar su posicionamiento como producto saludable, versátil y de alto valor añadido”, señalan.
De este modo, Anierac y Asoliva reiteran su compromiso con la estabilidad del sector del aceite de oliva, la sostenibilidad de la cadena de valor y la defensa del liderazgo internacional del aceite español. Asimismo, comparten el objetivo de proteger el equilibrio de la cadena de valor y garantizar remuneraciones justas para todos sus eslabones.
En ese contexto, aseguran que las advertencias y conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los riesgos de la retirada obligatoria para la competencia respaldan los argumentos de Anierac y Asoliva respecto a la retirada obligatoria que plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La medida no está suficientemente justificada, resulta desproporcionada y puede resultar contraproducente para la competitividad del aceite de oliva español.
En este sentido, ambas organizaciones comparten los argumentos de la CNMC, que señala en su informe que la “la retirada de producto constituye una restricción de la oferta susceptible de generar efectos muy negativos sobre la competencia, como incrementos de precios, reducción de incentivos para mejorar la calidad y la variedad de la oferta, y un mayor riesgo de coordinación entre operadores, con perjuicio a medio y largo plazo tanto para los consumidores como para otros eslabones de la cadena de valor (como distribuidores o comercializadores, o incluso operadores con planes de expansión de su actividad) y para la expansión de la actividad en mercados internacionales”.
Asimismo, la activación de la medida se apoya en un mecanismo centrado esencialmente en variables de oferta, sin incorporar suficientemente la evolución de la demanda, el comercio exterior, los precios o la presión competitiva de otros países productores. “Intervenir un mercado no es apretar un botón: si el diagnóstico es incompleto, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Una cosecha alta no es sinónimo de sobreoferta: hay que mirar consumo, exportación, existencias y precios”, señala Primitivo Fernández, director de Anierac.
Competitividad exterior y estabilidad del mercado
Anierac y Asoliva recuerdan que el aceite inmovilizado no desaparece del mercado por lo que la medida puede ser contraproducente y conlleva problemas para el sector al provocar costes financieros, logísticos (por el propio almacenamiento o los seguros) y de conservación extraordinarios mientras que se mantienen intactas las obligaciones de pago establecidas por la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, supone un riesgo para la competitividad del aceite de oliva español en el mercado internacional. En un entorno en el que los compradores valoran precio, disponibilidad y seguridad de suministro, España debe proteger tanto su producción como su capacidad de comercialización.
“Si la retirada reduce nuestra disponibilidad o competitividad en los mercados internacionales, otros países pueden ocupar ese espacio, y recuperar después clientes y posiciones comerciales puede resultar muy difícil”, afirma Rafael Pico, director de Asoliva.
A eso hay que añadir el riesgo que supone un almacenamiento prolongado para el mantenimiento de la calidad y el valor del aceite con consecuencias económicas de considerable magnitud. Los atributos del aceite de oliva pueden descender de categoría con el tiempo y las condiciones de conservación, y la inmovilización impide escoger el momento más adecuado para comercializar cada lote.
Otros inconvenientes de la medida planteada tienen que ver con el cálculo de los umbrales de activación así como la incorporación en el baremo de campañas que pueden distorsionar la media al tratarse de campañas excepcionalmente bajas.
Anieraca y Asoliva reiteran su disposición al diálogo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trabajar en soluciones eficaces y compatibles con la defensa de la producción, la comercialización y la posición internacional del aceite de oliva español.
