La Organización de Consumidores (OCU) ha asegurado que confía que las reformas en materia de consumo, integrado por la futura Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA) y la revisión del Reglamento de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), se aprueben lo antes posible e invita a los Europarlamentarios españoles a reforzar su ámbito de aplicación y garantizar su eficacia.
OCU y Euroconsumers valoran sobre todo las medidas destinadas a prevenir prácticas manipulativas antes de que causen perjuicios a los usuarios. Empezando por el diseño adictivo. La nueva norma obliga a desactivar la reproducción automática de contenidos, las notificaciones persistentes o los sistemas de recompensas. Medidas vitales para la protección de menores y personas vulnerables, ya que favorecen experiencias digitales más saludables y reducen los riesgos asociados a un uso compulsivo de plataformas y apps.
Otro de los aspectos más valorados es el refuerzo de la transparencia en el marketing de influencers. La propuesta obliga a que los consumidores puedan identificar claramente cuándo una publicación responde a una colaboración comercial o a una promoción remunerada. En un entorno en el que las recomendaciones en redes sociales influyen cada vez más en las decisiones de compra, la identificación visible de los contenidos patrocinados resulta esencial para reforzar la confianza y evitar prácticas engañosas.
La normativa también supone un avance en la lucha contra los patrones oscuros, es decir, aquellos diseños de páginas web o aplicaciones concebidos para influir indebidamente en las decisiones de los consumidores. OCU considera positivo este enfoque, siempre que permita diferenciar entre las técnicas claramente manipulativas y aquellas herramientas legítimas que aportan información útil o ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas. El objetivo debe ser proteger la libertad de elección sin obstaculizar prácticas comerciales transparentes y respetuosas.
La Comisión reconoce además los problemas asociados a los precios dinámicos, una cuestión sobre la que OCU y otras organizaciones de consumidores vienen reclamando una mayor supervisión desde hace años. La propuesta incorpora obligaciones de transparencia sobre la disponibilidad de productos o entradas al precio anunciado, las posibles variaciones de precio y los importes máximos aplicables. No obstante, el mercado de los espectáculos en vivo presenta características que limitan la capacidad de elección de los consumidores y favorecen incrementos de precio vinculados a factores emocionales. En este ámbito la organización defiende directamente la prohibición de precios dinámicos.
La futura Ley de Equidad Digital también aborda prácticas comerciales agresivas, comisiones ocultas, dificultades para cancelar suscripciones y otros mecanismos que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores. Del mismo modo, incorpora nuevas salvaguardas frente al uso abusivo de datos personales y sistemas de perfilado que puedan explotar vulnerabilidades individuales o distorsionare las decisiones de compra.
Por último, OCU valora especialmente que la presentación de la DFA vaya acompañada de la reforma del Reglamento CPC, ya que la eficacia de cualquier norma depende de la capacidad de las autoridades europeas para hacerla cumplir. La combinación de nuevas reglas y mejores mecanismos de supervisión representa una oportunidad para reforzar la protección de los consumidores en toda la Unión Europea.
