Tras la publicación de la propuesta de la Comisión Europea para una Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés) y la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC), Ecommerce Europe, EuroCommerce e Independent Retail Europe instan a los colegisladores a centrarse en una aplicación efectiva de la normativa y en abordar las lagunas regulatorias reales, evitando al mismo tiempo imponer nuevas cargas innecesarias a las empresas que ya cumplen con la ley.
Las tres organizaciones respaldan el objetivo de lograr un Mercado Único digital que sea justo, transparente y competitivo. Si bien la comunicación en torno a la propuesta de la DFA se centra en los videojuegos, los «influencers» y las redes sociales, una parte importante de la propuesta impondrá, en la práctica, una carga excesiva a los minoristas mediante normas complejas y de gran alcance, además de exigir un elevado esfuerzo de cumplimiento. Según las asociaciones, esto parece socavar la agenda de simplificación que la Comisión Europea promueve en otros ámbitos políticos.
Christel Delberghe, directora general de EuroCommerce, ha señalado que “la confianza de los consumidores es fundamental para un Mercado Único próspero. Los consumidores deben poder confiar en prácticas justas y transparentes, mientras que las empresas necesitan normas claras, sencillas y aplicadas de manera coherente que garanticen una competencia leal. Sin embargo, la propuesta de la DFA corre el riesgo de sobrecargar a los minoristas en un momento en el que ya se enfrentan a la competencia desleal de operadores de terceros países y a la necesidad de realizar inversiones sustanciales en digitalización y sostenibilidad”.
Las organizaciones han subrayado reiteradamente que una aplicación efectiva de la normativa debería ser el eje central del enfoque de la UE en materia de equidad digital. Su estudio de 2024, “Digital Fairness in Online Retail” (Equidad digital en el comercio minorista en línea), concluyó que el marco actual es, en gran medida, adecuado para abordar las preocupaciones relacionadas con los «patrones oscuros» (dark patterns), y abogó por una aplicación más rigurosa y ajustes específicos en lugar de una reforma integral.
No obstante, la propuesta de la Ley de Equidad Digital supone un cambio significativo en la legislación de la UE sobre protección de los consumidores, contradiciendo las declaraciones previas de la Comisión, que apuntaban a centrarse en medidas específicas y limitadas para mejorar la protección del consumidor en el entorno digital. Las nuevas normas deberían dirigirse a problemas demostrados y evitar una complejidad innecesaria, en consonancia con los objetivos más amplios de la UE en materia de simplificación y competitividad.
Las organizaciones lamentan que la propuesta no aborde las dificultades persistentes relacionadas con las normas sobre reducción de precios (establecidas en el artículo 6 bis de la Directiva sobre indicación de precios), las cuales fragmentan el Mercado Único y limitan la capacidad de las empresas para ofrecer rebajas que beneficien a los consumidores. Las organizaciones también lamentan el enfoque altamente restrictivo propuesto para las comparaciones de precios, el cual genera condiciones de competencia desiguales y socava modelos de negocio legítimos y generalizados.
Luca Cassetti, secretario general de Ecommerce Europe, señaló que “estamos comprometidos a encontrar soluciones a los desafíos actuales, pero también debemos evitar añadir niveles de complejidad a las empresas que cumplen con la normativa, especialmente cuando la UE apuesta por la simplificación y el fortalecimiento de la competitividad”.
Una aplicación efectiva de la normativa es fundamental para garantizar la igualdad de condiciones en el Mercado Único. Los minoristas europeos se enfrentan a una competencia desleal por parte de agentes externos a la UE que no cumplen con las normas europeas. Por tanto, la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC, por sus siglas en inglés) brinda una oportunidad para reforzar la aplicación de la ley a escala transfronteriza. Un papel más activo de la Comisión Europea ante infracciones generalizadas que afecten a toda la Unión puede contribuir a este objetivo, siempre que sus competencias estén claramente definidas y sean proporcionadas.
Por su parte, Alexis Waravka, director general adjunto de Independent Retail Europe, afirmó que «la igualdad de condiciones exige que las mismas normas se apliquen de manera efectiva a todos aquellos que venden a los consumidores europeos, sin que dichas normas discriminen entre distintos modelos de negocio. Es esencial reforzar la aplicación de la normativa frente a agentes extracomunitarios que inundan el mercado con productos que no cumplen las reglas; no obstante, cualquier nueva obligación debe ser siempre proporcionada. Consideramos que la propuesta actual no se alinea con la agenda de simplificación de la Comisión y, en la práctica, supondrá una carga desproporcionada en términos de costes de cumplimiento para los minoristas que operan de forma responsable».
Las tres organizaciones analizarán ahora detenidamente las propuestas y sus implicaciones para los minoristas europeos. La prueba definitiva será determinar si estas reformas logran reforzar la confianza de los consumidores y la aplicación de la normativa, permitiendo al mismo tiempo que las empresas europeas innoven, compitan y sigan ofreciendo a los consumidores opciones y valor.
