Entre enero de 2021 y noviembre de 2023 las familias han perdido un 10% de poder adquisitivo. Y es que frente a una subida acumulada del IPC del 16,1%, el salario medio apenas se ha incrementado un 6,1% (la estimación de crecimiento en 2023 es del 4%), denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha publicado un estudio donde además se identifican los hogares más perjudicados.
Los primeros serían los que pagan una hipoteca variable, un gasto que aumentó un 30% en los últimos tres años, pero que no se contabiliza como tal en el IPC. Si se tuviera en cuenta junto con el resto de los gastos domésticos, tal y como hace el estudio de OCU, una familia bien asentada con dos hijos en edad escolar acumula una inflación media del 21,6%, lo que finalmente se traduce en un empobrecimiento del 15,5%.
Quienes viven en alquiler en una gran urbe son otro colectivo especialmente perjudicado que tampoco refleja bien el IPC. El peso que el IPC general concede al alquiler es muy inferior a ese 40% de los ingresos que se pagan en muchas ciudades. Como consecuencia de ello, una pareja joven que haya firmado un nuevo contrato después de 2021 en Madrid o Barcelona acumula una inflación doméstica del 18,8% y del 29,2% respectivamente, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 12,7% y del 23,1%.
Obviamente, otro colectivo perjudicado son las familias con rentas bajas. Quienes vivan al día, sin capacidad de ahorro, este 10% de pérdida de poder adquisitivo implica no poder pagar a tiempo un recibo o no alcanzar a pagar bienes de primera necesidad.
El estudio de OCU revela que, tras la vivienda, los gastos que más crecieron desde 2021 fueron la alimentación, el transporte y el ocio. Por ejemplo, para el caso de una pareja sin hijos, el coste en alimentación ha subido en 105 euros al mes; en automóvil y transporte pagan 52 euros más; y en ocio 65 euros más. Por el contrario, en vestido y calzado su factura mensual apenas ha aumentado en cinco euros más, ocho euros en bienes para el hogar y 10 euros en conservación de la vivienda y suministros.
Por todo ello, la organización solicita cambios al Gobierno, entre los más urgentes que, en el caso de la vivienda, debería facilitarse a los hogares con hipoteca variable cambiar a una hipoteca fija, reactivando la exención de la comisión por cancelación; y en lo que respeta a los alquileres, impulsar de una vez por todas el alquiler público de vivienda social, en mínimos históricos.
Además, el actual precio de los alimentos es otro motivo de preocupación que apenas ha paliado la reducción del IVA, por lo que OCU asegura que se hace imprescindible aumentar de forma sustancial el cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros, así como el número de beneficiarios, aumentando el límite de ingresos. Y, al igual que se mantienen las ayudas al transporte público hasta final de año, debería prolongarse más allá de junio la reducción de los impuestos a la electricidad y al gas, ya que suponen un ahorro conjunto de 370 euros al año para un hogar medio.
