El año 2024 vuelve a batir un récord en la presión normativa que sufre el comercio alimentario. Durante dicho periodo se aprobaron o modificaron 1.253 textos legislativos, lo que significa que cualquier comercio tuvo que conocer y ejecutar 3,4 nuevas normas cada día, según ha señalado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, (Asedas), que destaca que esta cifra supone un nuevo repunte sobre el año 2023, que registró 1.140 nuevas normas (3,1 al día), y queda muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando el número era de 476.
La Comisión Europea vuelve a liderar la actividad legislativa, con 444 normas frente a las 809 que suman todas las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos de capitales de provincia). En el ámbito nacional, las Comunidades Autónomas destacan con 514 nuevas normas de distinto rango o modificaciones de otras anteriores, frente a las 230 emanadas del Estado central y las 65 de los principales ayuntamientos.
Por categorías, el medio ambiente repite como el ámbito en el que más se está regulando. De hecho, algo más de un tercio del total de la actividad legislativa (470 normas nuevas o modificadas) se concentra en cuestiones relacionadas con el medio ambiente en general, la eficiencia energética o el diseño ecológico; destacan las 275 de las Comunidades Autónomas y las 118 de las Comisión Europea.
Otro ámbito de interés es el relacionado con la seguridad alimentaria, con 253 normas que afectan a cuestiones como el almacenamiento, conservación y transporte, los controles oficiales o la protección animal, entre otros muchos, que configuran un sistema muy garantista para el consumidor en esta materia. Por último, cabe mencionar también la carga normativa en materia laboral (132 textos en total) y en administración empresarial (un total de 210) sobre cuestiones tan variadas como licencias urbanísticas o inteligencia artificial.
“El incesante incremento de normas, ya sean nuevas o modificaciones sobre anteriores, que afectan al comercio alimentario convierte su gestión en un gran problema para las empresas, que se ven obligadas a dedicar muchísimos recursos solo a realizar el seguimiento de las normas en vigor, ya que, por desgracia, muchas novedades legislativas no incluyen una clarificación y simplificación de su contenido”, ha señalado Alberto Peironcely, director de Asuntos Regulatorios de Asedas.
“El exceso de legislación afecta directamente a la competitividad y a la productividad empresarial, por lo que desde muchos ámbitos europeos y nacionales se está pidiendo avanzar hacia un modelo más centrado en la realidad de la sociedad. Esto es posible a través de fórmulas muy sencillas que pongan por delante los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera de las leyes”, ha añadido.
De cara al año 2025, se anuncian varios proyectos de Ley o modificaciones de leyes ya existentes importantes y con gran afectación sobre el comercio, como son la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible, la Ley de servicios a la clientela, y la posible reducción de la jornada laboral, entre otros. En el ámbito comunitario, las leyes sobre diligencia debida, deforestación y trabajos forzosos pueden tener también un gran impacto por su gran complejidad técnica.
