La subida de los costes en los distintos eslabones de la cadena puede finalmente trasladarse a la cesta de la compra por los efectos de segunda ronda, según han destacado este martes la industria y distribución alimentaria durante la celebración en Sevilla del XIV Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución Comercial organizado por el Clúster Agroalimentario de Andalucía (LANDALUZ) y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA).
Bajo el título “Calidad institucional, regulación y sostenibilidad” los distintos eslabones de la cadena alimentaria han analizado la importancia de la calidad institucional y la buena regulación para la competitividad empresarial, especialmente en el ámbito medioambiental. El acto de apertura ha contado con la participación del presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén; la presidenta de CAEA, Virginia González Lucena; y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez.
El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, ha destacado el carácter estratégico de la industria agroalimentaria andaluza y la necesidad de contar con un marco adecuado para afrontar los retos del sector. “La industria agroalimentaria andaluza es mucho más que una actividad económica. Somos una industria esencial y estratégica que transforma los recursos de nuestra tierra en productos de referencia internacional. Somos empleo, innovación, exportación, desarrollo rural y cohesión territorial”, ha señalado Guillén, quien ha incidido también en la importancia de contar con “instituciones sólidas” y “una regulación adecuada, ágil y razonable” para garantizar la competitividad de las empresas.
En relación con la sostenibilidad, el presidente de LANDALUZ ha subrayado que “no es una moda ni una imposición externa”, sino que “forma ya parte del ADN de nuestras empresas”. En este sentido, ha defendido que para que la sostenibilidad se convierta realmente en una palanca de competitividad es necesario que vaya acompañada de políticas públicas que favorezcan la inversión, impulsen la innovación y aporten seguridad jurídica. “Las empresas queremos ser parte activa de la solución”, ha afirmado, reivindicando además la colaboración público-privada y la simplificación administrativa como elementos clave para seguir avanzando.
Por su parte, la presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, ha indicado que existen una serie de cuestiones clave que inciden directamente en la eficiencia de la cadena agroalimentaria, “especialmente las que tienen que ver con la calidad institucional y la buena regulación, que son directamente proporcionales al crecimiento económico y, en definitiva, al desarrollo empresarial y al bienestar social”.
“Partimos de la base de que el comercio de proximidad que CAEA representa es el más sostenible, ya que el 90% de los consumidores acude andando a nuestras tiendas, con la significativa reducción de emisiones que ello conlleva. Además, el compromiso del sector con la sostenibilidad es máximo en eficiencia energética y apuesta por las renovables, movilidad sostenible, adecuada gestión de residuos y minimización del desperdicio alimentario, si bien el comercio está hiperregulado y nuestras empresas deben afrontar y aplicar 3,8 novedades normativas diarias”, ha asegurado González Lucena.
“Esta elevada carga regulatoria penaliza la eficiencia de la cadena agroalimentaria y la competitividad de las empresas, y pudiera trasladarse a la cesta de la compra por los efectos de segunda ronda. Ante la ola regulatoria en sostenibilidad, se requiere claridad, proporcionalidad, gradualidad y, sobre todo, flexibilidad en la implantación de las medidas”, ha concluido la presidenta de CAEA.
Por último, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha asegurado que las empresas necesitan “normas claras, procedimientos comprensibles y una Administración coordinada que facilite su aplicación”. Para ello, ha puesto de relieve la importancia de mantener el diálogo con el sector, conocer las dificultades que encuentra al aplicar la normativa y favorecer una tramitación ágil con las garantías ambientales necesarias.
La relación entre protección ambiental y eficiencia económica “forma parte del planteamiento de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, que se encuentra actualmente en proceso participativo, y que busca prolongar el valor de los productos y materiales, reducir la generación de residuos y favorecer una economía más competitiva e innovadora, porque la sostenibilidad no solo hay que verla desde la perspectiva medioambiental, sino también económica y social”, ha indicado Fina Martínez.
