La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más de 700.000 agricultores, alerta de que la actual modificación de la Ley de Evaluación Ambiental frenará el proceso de modernización de regadíos y, como consecuencia, disparará los costes de producción, agravando la crisis que sufre el campo.
En concreto, Fenacore atribuye ese riesgo a los Anexos de la Ley de Evaluación Ambiental, en torno a los que critica que se someta a la Evaluación Ambiental Ordinaria las obras de modernización de un regadío y, en cambio, no se pida ni siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada para las obras de demolición (o puesta fuera de servicio) de presas con una capacidad inferior a los 10 hectómetros cúbicos.
Pero al margen de las cuestiones más técnicas, Fenacore pide “rebajar las exigencias europeas para facilitar, en vez de entorpecer, la modernización de regadíos”. En este sentido, comparte alguna de las principales reivindicaciones que hay detrás de la actual rebelión de los agricultores, entre las que destacan las protestas hacia el excesivo rigor ambientalista y las medidas teóricamente a favor de la sostenibilidad, pero que incrementan los costes de la modernización de regadíos y de la producción de alimentos, dificultando la competitividad en un mercado globalizado.
Eliminar trabas burocráticas y facilitar el acceso a las ayudas
Fenacore insiste en “la necesidad de reducir los costes de producción, para lo que ve fundamental avanzar sin tantos ecoesquemas en la modernización de los regadíos y facilitar el acceso a las ayudas comunitarias destinadas a tal fin”.
En paralelo, la Federación aboga por agilizar y simplificar la evaluación ambiental de los proyectos de modernización que, por culpa de los anexos de la ley ambiental, se equiparan de manera incomprensible con los de transformación de secano en regadío.
No es la primera vez que Fenacore remarca la necesidad de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica, tal y como reclaman ahora los agricultores que se están movilizando. No en vano, el sector del regadío siempre ha tenido entre sus desafíos el cuidado y respeto del medio ambiente.
Sin embargo, la Federación viene alertando de un “trato injusto” en la Ley de Evaluación Ambiental, por lo que urge a modificar los anexos para que las obras de modernización no deban someterse a ese tipo de evaluaciones, salvo cuando se realicen en zonas especialmente sensibles, y así puedan avanzar a mejor ritmo para que estas obras puedan concluir antes de que finalice el 2026, fecha que impone Europa para invertir los Fondos Next Generation.
En caso contrario, los regantes ven peligrar el objetivo de ahorrar un 10% en el consumo de agua porque no podrán ejecutarse los 2.400 millones de inversión en modernización anunciados hasta 2027, después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, situara la modernización de regadíos como una prioridad estratégica para la producción agroalimentaria de España en el encuentro que mantuvo con representantes de Fenacore a finales del mes pasado.
Según el presidente de Fenacore, Juan Valero de Palma, “la crisis del campo no afecta únicamente a los agricultores sino a toda la sociedad, tal y como se refleja en la cesta de la compra. Por eso requiere soluciones transversales que competen a distintos ministerios, no sólo a Agricultura. El Miteco, por ejemplo, debería de modificar urgentemente los anexos de la ley ambiental para acelerar el proceso de modernización de regadíos y así ahorrar agua y energía, para que los regadíos continúen siendo los más sostenibles de Europa, y se puedan reducir los costes de producción y abaratar la cuota de la compra”.
