Aecoc y FIAB han reclamado este miércoles, durante el 4º Congreso de Desarrollo Sostenible celebrado en Madrid, que las regulaciones en materia de sostenibilidad no rompan la unidad de mercado ni vayan en contra del crecimiento de las empresas. En su discurso inaugural, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha considerado que “sostenibilidad y competitividad empresarial deben ser compatibles”.
El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha incidido en el mensaje y ha advertido que normativas recientes como la Ley de Residuos y Suelos Contaminados o el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases “se alejan de la normativa europea hacia la que muchas empresas han dirigido sus inversiones y estrategias con anterioridad”. En este sentido, ha cifrado en 2.000 millones de euros el impacto de la gestión de residuos que exige la actual Ley de Residuos “y eso pone en riesgo puestos de trabajo y a muchas pymes”.
Bonmatí ha remarcado que las empresas “comparten los objetivos ambiciosos fijados por las administraciones, pero muchas veces no somos realistas con los plazos de cumplimiento”. Así, el director general de Aecoc ha citado normativas como el Real Decreto que prevé la instalación de 100.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en España, dos años antes de lo que marcan los planes de Europa para España. “Queremos ir a un ritmo superior al del resto de países y eso añade dificultades en un entorno como el actual, ya de por sí complicado”, ha explicado.
Tanto García de Quevedo como Bonmatí han reclamado a la administración “diálogo para establecer herramientas conjuntas y evitar medidas que son imposibles de cumplir”.
El vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, César Luena, también ha participado en la inauguración del encuentro y ha asegurado que los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Comisión Europea para 2030 y 2050 son “plenamente alcanzables”. Asimismo, ha reconocido que las iniciativas que deben hacer las empresas para llegar a estos objetivos “requieren de muchos esfuerzos” y ha remarcado el papel que deben jugar las ayudas e inversiones medioambientales previstas en los Fondos Next Generation.
Luena también ha considerado que la fiscalidad debe utilizarse como un instrumento para premiar las prácticas sostenibles y ha avanzado que, de revisarse los objetivos de sostenibilidad fijados por la Comisión Europea, “será para hacerlos más ambiciosos”.
En la mesa de debate con las organizaciones de consumidores, el portavoz de OCU, Enrique García, ha incidido en el papel de la fiscalidad sobre el consumo medioambientalmente responsable. “Se debe favorecer un consumo de productos sostenibles desde una fiscalidad más favorable”, ha explicado.
