Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus “dramáticas” consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio han manifestado de forma conjunta al Gobierno la incapacidad de comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales.
En concreto, la Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE, han firmado un manifiesto al respecto recordando que estas organizaciones representan a más de la mitad de todo el comercio del país, agrupando a 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo.
Al cumplirse un mes de cierre forzado de los establecimientos, y ante la perspectiva de más semanas sin actividad, las organizaciones denuncian que “los comercios se enfrentan a una situación sin precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos que provocará el cierre de hasta el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo”.
En concreto, manifiestan la enorme dificultad de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales. Por ello reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones hacer frente los pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso, si bien, consideraran que el Gobierno “debería establecer un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el periodo de cierre de puntos de venta y el periodo posterior a la apertura. Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento. La norma deberá contemplar desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación”.
Las organizaciones instan también a la revisión y adecuación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran “obsoleta” en materia de locales comerciales tanto a nivel de calle como dentro de los centros y áreas comerciales.
Así, señalan que “se hace precisa la creación inmediata de un foro de diálogo tutelado por las administraciones, que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. De este foro, deben salir medidas de carácter legislativo. Del mismo modo que existe un marco laboral que protege a trabajadores y a empleadores ante estas contingencias, deben de existir disposiciones que permitan la adecuación de los alquileres al cese forzado de actividad y a la escalonada vuelta a la normalidad. Estas medidas temporales deberán estar vigentes en tanto no se restablezca en plenitud la situación anterior”.
Finalmente, las organizaciones solicitan de las administraciones competentes “la constitución urgente de una mesa de trabajo que consensue la adopción de medidas inmediatas que permitan alejar a empresas de su destrucción y a familias e individuos de su desestabilización”.
