La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que su propuesta de acordar un tope de precios en la cesta de la compra de productos básicos es “perfectamente legal”.
La ministra ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran, así como de la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. Sin embargo, Díaz ha señalado que este plan “no solo respeta el derecho de la competencia, sino que abunda en él”. Además, ha señalado que la Ley de Comercio cuenta con “excepciones” en esta materia.
La ministra ha señalado que esta propuesta está dirigida a la gran distribución porque “son los que tienen márgenes para poder realizar estos descuentos”. Además, ha señalado que “a las tiendas de barrio es difícil pedirles más esfuerzos”.
La distribución y los consumidores en su reunión de hoy han aportado tantas ideas que se han emplazado a reunirse más adelante para trabajar en ellas. Así, cuando la ministra regrese del G20 se volverán a reunir con el objetivo de incidir en todas las propuestas que se han puesto hoy encima de la mesa.
La vicepresidenta propone una cesta de la compra básica hasta «más allá de Navidades» compuesta por productos como carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos y lácteos. Además, ha recordado que se elabore también una cesta para celiacos.
La gran distribución lleva meses trabajando en la compra más económica
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ha asegurado, tras su reunión con los ministros Díaz y Garzón, que todas las «cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos. Este ajuste en precios alcanza un surtido de productos y categorías amplísimo, capaz de cubrir diferentes necesidades de consumo, en especial, de los hogares más vulnerables».
Javier Millán-Astray, vicepresidente ejecutivo de ANGED, señalaba a la salida de la reunión que «la distribución comercial es un sector muy competitivo, que basa su modelo de negocio en el volumen y opera con unos márgenes muy estrechos. La propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. Somos un sector responsable: Nuestras empresas ya ofrecen una cesta de la compra económica».
Así, de acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, sólo disponibles hasta mayo, constatan también este efecto de amortiguación. En concreto, tomando como referencia enero de 2021, los precios percibidos en origen han subido 33 puntos y en la industria alimentaria lo han hecho 22 puntos, mientras que el IPC de alimentación pagado por los consumidores ha subido 12 puntos.
«Conviene no olvidar que la raíz del problema de inflación no es otra que el encarecimiento desproporcionado de la energía, los combustibles y las materias primas. Por poner unos pocos ejemplos, la electricidad en los mercados mayoristas ha escalado un 282% desde enero de 2021 hasta julio de 2022 y el gas lo ha hecho en un 395%. En este periodo, componentes tan importantes para la producción primaria o la industria alimentaria como los cereales se han encarecido por encima del 170%. Mientras que el vidrio, el cartón o el plástico para envases repuntan en el entorno del 120%», asegura el directivo.
Ante la escalada del IPC, los hogares llevan meses reajustando su presupuesto y preferencias de compra. Hay un efecto sustitutivo entre productos y marcas, una mayor atención a los precios y promociones y una variación importante de los hábitos de consumo.
La dinámica competitiva de la gran distribución y su amplio surtido de productos y ofertas contribuye precisamente a este ajuste del presupuesto de los hogares. Según los últimos datos disponibles del Panel de Consumidores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el crecimiento del precio medio pagado por los consumidores (valor de las compras realizadas) lleva cinco trimestres consecutivos por debajo del IPC de Alimentación.
Además, en el último año, las empresas de la distribución se han visto afectadas por una treintena de medidas que encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados la complejidad y fragmentación de las normas.
También se ha propuesto avanzar más rápido y con mayor carga regulatoria que la recogida en las propias directivas europeas en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética. Incluso de forma fragmentada entre comunidades autónomas.