La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha enviado nuevos requerimientos de información a los principales operadores de distribución minorista de ámbito nacional para comprobar si se está trasladando correctamente al precio final del aceite de oliva en los supermercados la bajada al 0% del IVA, tal y como decretó el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y cuyo cumplimiento es obligado desde el 1 de julio.
Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, el inicio de estas actuaciones tiene su origen en la recepción de una denuncia por parte de la Asociación de Consumidores en Acción Facua en la que traslada a la Dirección General de Consumo potenciales incrementos en los márgenes de beneficio dentro de la distribución minorista del aceite de oliva y posibles distorsiones de precios que sufre el consumidor final.
La obligación de la Dirección General de Consumo es comprobar que la reducción del IVA al 0% está siendo aplicada de manera íntegra por los supermercados, único eslabón de la cadena de producción del aceite de oliva en la que Consumo tiene competencias para poder actuar. Estas competencias, además, tienen una naturaleza temporal, ya que se derivan del escudo social aprobado por el Gobierno para hacer frente al alza de los precios tras la invasión rusa de Ucrania.
Asimismo, la denuncia recibida por la Dirección General de Consumo ha sido trasladada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado.
La información recabada a lo largo de estas actuaciones también será remitida al Observatorio de la Cadena Alimentaria dentro de la estrategia de transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de proteger a las personas consumidoras y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado este miércoles que «esta iniciativa amplía las actuaciones en curso para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no va en ningún caso a alimentar el margen de beneficios de los distribuidores minoristas». Bustinduy ha mostrado públicamente en varias ocasiones su preocupación por la escalada en el precio de un producto básico como es el aceite de oliva y su determinación para actuar si las diligencias realizadas muestran que los supermercados no están aplicando correctamente la rebaja del IVA a las personas consumidoras.
No obstante, Bustinduy también ha recordado en sus intervenciones públicas que “las competencias de Consumo afectan únicamente al último eslabón de la cadena, los supermercados, y que para garantizar que se está respetando los derechos de las personas consumidoras y las decisiones tomadas por el Ejecutivo sería necesario una investigación completa de todos los eslabones de la cadena de producción del aceite de oliva”.
Esta nueva acción se suma a las actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo que ya requirió a las principales operadores de distribución minorista toda la información disponible para poder comprobar que se estaba respetando la bajada del IVA al 5% aprobada en el escudo social por el Gobierno para hacer frente al alza de los precios derivada de la invasión rusa en Ucrania y que contemplaba rebajas del IVA en el aceite de oliva y, también, en frutas y verduras y otros productos esenciales.
