Tras las intensas reuniones mantenidas esta semana entre Gobierno, empresarios y sindicatos en relación a la prórroga de los mecanismos de protección de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), “el gobierno pretende que buena parte del sector del comercio queden fuera de dicha prórroga”, ha asegurado Anceco, la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios, que considera que “el Gobierno aplica medidas discriminatorias y deja de lado un millón de familias al no prorrogar los ERTE”.
De lo dispuesto sobre la mesa hasta el momento, explica esta organización, se extrae que los ERTE se ampliarán hasta el 31 de enero y que las exenciones de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en los ERTE alcanzarán hasta el 75% y el 80%, dependiendo del tamaño de la plantilla. No obstante, no todas las empresas podrán beneficiarse de estas exoneraciones. Únicamente podrán acogerse aquellas que puedan demostrar estar vinculadas al sector turístico, ubicadas en zonas turísticas y cuya facturación haya caído por encima de un 50% a consecuencia de la crisis generada por el Covid-19.
Anceco, ha mostrado su disconformidad alegando que “se trata de una medida injusta que producirá inseguridad jurídica y arbitrariedad puesto que la demostración de esos requisitos estará sujeta al Ministerio de Trabajo”.
“Miles de empresas del sector comercio que no estén ubicadas en zonas turísticas van a quedar desprotegidas, viéndose obligadas a echar el cierre al negocio en el que han trabajado durante toda su vida”, ha afirmado Jordi Costa, presidente de Anceco, quien advierte que “las cifras son terribles para el comercio, si no se aprobara la prórroga de los ERTE, se podrían perder hasta un millón de empleos».
“Aplicar el plan discriminatorio generará tensiones, generará un bloqueo en la negociación y provocará previsiblemente el aumento de los concursos de acreedores, hasta los 150.000, durante 2021 y 2022, tres veces más que los que se han producido en los últimos 17 años”, ha concluido.