La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelva a arrinconar, a su juicio, al sector agrario en las grandes decisiones que afectan a su actividad. En su opinión, la Reforma Laboral acordada con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y sindicatos limita la capacidad de las explotaciones en la creación de empleo durante las campañas agrícolas.
La organización ha criticado públicamente que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la CEOE y los sindicatos de clases en la Reforma Laboral, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, no refleja la importancia de las cifras en materia de contratación. Y a su vez afirma que cada año aproximadamente 117.000 explotaciones agrícolas y ganaderas generan unos tres millones de contratos.
“La ministra Yolanda Díaz solo se acuerda de los agricultores y ganaderos para enviarnos cartas amenazantes y brearnos a inspecciones en plena faena de recolección”, critican desde Unión de Uniones, que recuerda que no ha habido ni una sola reunión para consultar la reforma con el sector.
Lo aprobado introduce modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, de manera que los contratos para atender situación previsibles, como las labores agrarias, solo podrán formalizarse por un máximo de noventa días al año no continuados. Los empleadores tendrán, además, más difícil volver a contratar a trabajadores con los que han mantenido una buena relación, ya que se acortan las condiciones que obligarían a contratarlos con carácter indefinido.
“O no tienen ni idea, cosa difícil de pensar porque debe haber funcionarios y responsables que sepan cómo trabaja el campo, o esto ya raya directamente con el desprecio a nuestra actividad y a quienes la ejercemos”, consideran desde Unión de Uniones.
La organización se ha dirigido por escrito a la ministra Yolanda Díaz para señalarle que debería haber consultado al sector agrario antes de dar salida a una norma que puede afectarle de manera importante. También solicita una reunión para conocer cómo se van a implementar las nuevas normas y prevenir posibles efectos adversos para la gestión de las explotaciones y para la generación de empleo.
