El Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo provisional, sobre la propuesta de la Comisión Europea, en materia de transparencia y sostenibilidad para la evaluación de riesgos de la UE en la cadena alimentaria.De este modo, se da un paso más hacia la modernización de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea, según explican el primer vicepresidente Frans Timmermans y el comisionado Vytenis Andriukaitis, a cargo de Salud y Seguridad Alimentaria.
Este acuerdo “es una respuesta contundente a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la transparencia de los estudios científicos en el área de los alimentos. Esto se ha conseguido en menos de un año, gracias al trabajo comprometido y la participación de todas las instituciones”, aseguran.
Los principales elementos del acuerdo apuntan a garantizar una mayor transparencia. Los ciudadanos tendrán acceso directo a todos los estudios e información presentados por la industria en el proceso de evaluación de riesgos. Los interesados y el público en general también serán consultados sobre los estudios presentados. Al mismo tiempo, el acuerdo garantizará la confidencialidad, en circunstancias debidamente justificadas, al establecer el tipo de información que puede considerarse significativamente perjudicial para los intereses comerciales y, por lo tanto, no puede ser divulgada.
Además, se informará a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de todos los estudios encargados para garantizar que las empresas que soliciten autorizaciones presenten toda la información relevante y no retengan los estudios desfavorables. La Autoridad también proporcionará asesoramiento general a los solicitantes, en particular a las PYME, antes de la presentación del expediente. La Comisión puede solicitar a la Autoridad que encargue estudios adicionales para fines de verificación y puede realizar misiones de investigación para verificar el cumplimiento de los laboratorios / estudios con las normas.
Por otro lado, los Estados miembros, la sociedad civil y el Parlamento Europeo participarán en el gobierno de la Autoridad estando debidamente representados en su Consejo de Administración. Los Estados miembros fomentarán la capacidad científica de la Autoridad y contratarán a los mejores expertos independientes en su trabajo.
Se adoptará un plan general de comunicación de riesgos que garantizará una estrategia de comunicación de riesgos coherente durante todo el proceso de análisis de riesgos, combinado con un diálogo abierto entre todas las partes interesadas.
El acuerdo provisional tendrá ahora que ser adoptado formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo.
