España se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con mayor número de restricciones al comercio, según ha apuntado Alfonso Merry del Val, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).
Las decenas de leyes comerciales autonómicas que actualmente están en vigor “se pueden convertir en una máquina de destrucción de empleo para los comerciantes que operan en el canal físico”, asegura el presidente. De hecho, la legislación cambiante y fragmentada de las 17 comunidades “genera un entramado burocrático tan complejo que crea graves ineficiencias y ahoga la inversión empresarial”, comenta Merry del Val.
Analizada la normativa sobre comercio en las distintas Comunidades Autonomas se ve “el perjuicio objetivo que tienen sobre los consumidores: limitan su acceso a una mayor oferta de establecimientos comerciales, unos mejores precios o un mejor servicio. Estas duras restricciones a la capacidad de los grandes formatos comerciales para mejorar el servicio a sus clientes se adoptaban bajo el supuesto de favorecer a otros comerciantes locales en teoría menos eficientes”.
El presidente de Anged asegura también que "la regulación diseñada predominantemente para el comercio físico limita la capacidad de las empresas para adaptarse y reaccionar a los cambios del ecommerce y la transformación digital”. Además, la “acumulación de complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local”, como ocurre en España, tienen un “impacto negativo sobre la eficiencia” del sector, los precios y la competencia.
Por ello, desde la asociación se pide a los legisladores, sobre todo a los autonómicos, que no queden al margen del cambio digital que se está produciendo, en especial, en el consumo y el comercio. “El camino contrario a las reformas es el del proteccionismo. Y como todos sabemos, levantar barreras, cerrar las puertas a la innovación y bloquear el cambio genera efectos perversos y resulta absolutamente inútiles en la sociedad digital en la que nos movemos”, asegura Merry del Val.
“Somos conscientes de que el cambio de paradigma del consumo y el comercio requiere una revisión normativa sin precedentes: desde aspectos técnicos como pueden ser el geoblocking, la protección de datos o los pagos electrónicos, entre otros; a cuestiones operativas fundamentales como una fiscalidad no discriminatoria, la libertad de establecimiento, la flexibilidad de horarios comerciales, la unidad de mercado y la seguridad jurídica”.
De hecho, en los últimos 10 años, las empresas de Anged han invertido 15.000 millones de euros en esta renovación y han incrementado la inversión en transformación digital en un 15% en el último año.
Es por ello que desde Anged aseguran estar trabajando para que España pueda estar a la vanguardia, crear oportunidades e incorporar al máximo número posible de empresas en el nuevo entorno digital. "Queremos ayudar a diseñar un marco regulatorio para hacer más competitivos a los menos eficientes, pero sin perjudicar la competitividad de los que ya quieren adaptarse y competir mejor en el nuevo entorno digital”.
Este esfuerzo de empresas y trabajadores debe ser correspondido por las Administraciones. “Necesitamos un entorno normativo seguro, estable y sencillo, construido sobre la base del entendimiento y una visión estratégica de futuro”, concluye Merry del Val.