Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que se reunió este jueves con la directora de la AICA, propuso a la entidad poner sanciones a quienes se diluyan en los tiempos de negociación de los contratos incumpliendo los plazos establecidos por la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.
Unión de Uniones ha asistido a la primera reunión con la AICA tras la puesta en marcha de las 43 medidas con el objetivo de sentar las bases para un seguimiento de las acciones a realizar que son de su cometido.
La organización ha valorado la predisposición de la AICA a que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y le ha propuesto una serie de mejoras encaminadas a ello. Entre otras, ha insistido en la importancia de prever sanciones en caso de que haya incumplimiento en los plazos de negociación de los contratos.
“Aunque la Ley contempla un plazo máximo en llegar a acuerdos en cerrar la negociación sobre la contratación de un producto agrícola, al no estar sancionado su incumplimiento, esta cláusula de la ley no es operativa”, explica la organización. En este sentido, Unión de Uniones destaca que “es importante no permitir al comprador apurar el plazo de negociación hasta unas horas antes de la recolección por la presión que esta situación ejerce sobre los productores”.
Asimismo, otro de los temas tratados ha sido el cálculo de los costes de producción. Durante la reunión, se ha analizado tanto los pasos a seguir para demostrar el coste de producción de un producto agrícola teniendo en cuanto la diversidad de factores que operan para este cálculo, así como los requisitos que deben reunir las denuncia para ser tratadas como tal. La organización valora que, aunque no se cumpla con los requisitos, la AICA sí lo investigue de oficio los hechos expuestos en el escrito.
En esta misma línea, Unión de Uniones ha comunicado su propuesta de modificación de la Ley para suprimir la cláusula adicional séptima que establece un régimen especial para las relaciones comerciales en el sector del plátano de Canarias y que beneficia exclusivamente al sector, haciendo que los agricultores canarios estén vendiendo a pérdidas.
La organización ha criticado que el Ministerio aún no haya publicado los criterios para el cálculo de los costes de producción, vulnerando la cláusula Adicional tercera de la Ley 16/2021 que establece un plazo de seis meses.
Esta reunión sirvió para ratificar la decisión de la firma de las 43 medidas por parte de la organización respecto a la medida 23 en la que se permite a las organizaciones agrarias personarse en las denuncias, defendiendo así los intereses de sus representados. “Este es un punto a nuestro favor que nos hace ganar en agilidad y, sobre todo, que nos permite poder defendernos frente a los abusos de la industria y la distribución”, señala Luis Cortés.
Tras este primer encuentro, se mantendrán reuniones, al menos, trimestrales para el seguimiento de las denuncias presentadas, el análisis de la situación sobre la contratación de productos agrarios y cualquier otro aspecto que pueda surgir.
