La subida del precio de los alimentos al 15,4% interanual, igualando el índice de octubre, el más más alto desde el comienzo de la serie en enero de 1994 es “un duro golpe para la economía doméstica de infinidad de familias, ya lastrada por el alto precio de la energía”, ha destacado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que cuantifica en un sobrecoste de 860 euros al año en la cesta de la compra.
Esta última subida coloca a un amplio número de productos básicos en precios difícilmente asumibles por muchos hogares, como es el caso del azúcar (52,1%), la mantequilla (38,2%), la leche entera (33,4%), la leche desnatada (32,9%), el aceite de girasol (32,1%), el aceite de oliva (30,5%), los productos de panadería (28,2%), las harinas (28,1%), los huevos (27,2%), los yogures (26,7%), el queso (20,5%) o el arroz (19,6%). Pero también de las patatas y sus preparados (20,5%), de los preparados de legumbres y hortalizas (15,8%), de la carne de ave, de cerdo y de vacuno (alrededor del 14%) y del pan (13,5%).
Por todo ello, OCU insta al Gobierno a bajar temporalmente el IVA al 0% a los alimentos de primera necesidad con un perfil nutricional más saludable (tal y como ya se hace en Irlanda y Reino Unido): frutas, verduras, legumbres, arroz, pasta, carne y pescado frescos o congelados, leche, huevos, pan integral, frutos secos y aceite de oliva virgen. Así como bajarlo al 4% a otros alimentos básicos con un perfil nutricional al menos aceptable: lácteos sin azúcares añadidos, cereales de desayuno integrales sin azúcares ni grasas añadidas y aceites de semillas, entre otros. Garantizando, eso sí, una reducción de precios realmente efectiva en los lineales de los supermercados (la bajada del IVA del pan integral del 10% al 4% en 2019 no se trasladó a su precio final).
Asimismo, reclama aumentar de manera urgente el importe del cheque de 200 euros, así como el número de beneficiarios, al tiempo que solicita la aplicación del IVA del 0% a la carne y el pescado. De cara al resto de consumidores, OCU pide una subida de los mínimos personales y familiares en el IRPF (y de las reducciones del trabajo y de autónomos), que corresponden precisamente a la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer sus necesidades básicas personales y familiares, no se somete a tributación; y que de hecho no sea han actualizado desde 2015. Una medida que beneficiaría a todos los contribuyentes, pero sobre todo a pensionistas, familias con hijos a cargo y discapacitados.
