La cadena agroalimentaria sigue haciendo un gran esfuerzo de absorción de los costes que impactan en el encarecimiento, no solo de la producción primaria, sino también de la transformación, energía y transporte. A pesar de que la presión de la guerra de Oriente Medio sobre los carburantes podría haber remitido algo tras la tregua pactada, no es el caso de la electricidad y del gas. El paquete energético continúa ejerciendo una enorme presión sobre la cadena: solo la distribución alimentaria acumula ya más de 90 millones de euros desde el comienzo del conflicto, según calcula Asedas, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Asimismo, la patronal señala que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó hasta el 1,9% en junio, tres décimas por debajo del 2,2% de mayo, para tocar su tasa interanual más baja desde principios de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
En este contexto, los supermercados están invirtiendo del orden de 3.000 millones de euros anuales en renovación de tiendas y plataformas logísticas, que incluyen medidas de eficiencia energética que les ayuden a estar preparados para la imprevisibilidad del mercado, según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad en España de Asedas.
Aun así, la organización señala que el impacto es importante y, tras unas semanas de desescalada del conflicto de Oriente Medio preocupa ahora que se puedan dar pasos atrás en la recuperación de la normalidad y su consiguiente impacto en la cadena. Por el momento, siguen sin darse evidencias de que se haya encarecido ningún producto alimentario como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.
Las actuales circunstancias de incertidumbre geopolítica y los posibles “efectos de segunda ronda” en forma de incremento de intereses, de salarios, alquileres y otros hacen muy difícil prever cómo se abordará el segundo semestre del año. A pesar de ello, la distribución alimentaria seguirá ejerciendo de barrera de contención ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posible para los consumidores.
Según el informe mencionado, el consumidor tiene más de 315 cadenas de alimentación de todos los tamaños donde hacer sus compras, con una cobertura de casi el 97% en cada municipio. Esto garantiza el acceso continuo a bienes esenciales con un gran nivel de capilaridad y equidad territorial y social. La competencia de nuestro modelo y la variedad de opciones permite, además, al consumidor amortiguar la inflación con el llamado “downtrading”. Todas ellas son circunstancias que, desde el modelo español de distribución alimentaria, juegan a favor del control de los precios de la alimentación.
