Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Aseadas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos piden retrasar al menos un año la entrada en vigor del impuesto al plástico.
Estas organizaciones consideran que “no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor. Por ello, creen que es necesario retrasar la entrada en vigor de la medida hasta, al menos, el 1 de enero de 2024”.
La subida de los precios del gas y la electricidad está impactando gravemente en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania (desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes o combustibles), así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19, aun no superada, e incluso amenazas de nuevos paros en el transporte. Este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales.
Asimismo, señalan que, dentro de la UE, en general, no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones.
Por otra parte, la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas. Las casuísticas son infinitas y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación.
Además, se pide un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar.
