Las asociaciones empresariales que representan a la cadena de valor del gran consumo (Aces, Aecoc, Anged, Asedas y Fiab) han solicitado formalmente al Gobierno su colaboración urgente para poder garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro, ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y a los consumidores.
Asimismo, las organizaciones del sector hacen un llamamiento a la responsabilidad de los convocantes para no alentar los actos vandálicos y evitar hacer pagar a los ciudadanos los problemas que la sociedad ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional.
Además, Anged desea recordar que este paro del transporte ha sido convocado por una organización muy minoritaria y que no cuenta ni con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera ni de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, la actuación cada vez más beligerante de los convocantes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos, está empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector, como la falta de suministro en fábricas y la dificultad para abastecer los puntos de venta.
Esta situación, que la cadena de valor del sector intenta por todos los medios paliar, se está produciendo por el recrudecimiento de las acciones de los convocantes, una minoría de transportistas que impide que la mayoría de los profesionales y empresas del transporte puedan realizar libremente su trabajo.
Ante la evolución de los acontecimientos y en palabras de Anged, la cadena de valor del gran consumo desea trasladar al conjunto de la sociedad su firme compromiso con el abastecimiento de productos esenciales, por lo que ha solicitado al Gobierno que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías. Con ese fin, se ha solicitado al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo.
La cadena de valor no sólo entiende, sino que comparte las consecuencias del actual escenario inflacionista y, por ello, ya había solicitado al Gobierno un plan especial de ayuda para mitigar los efectos de la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera; con medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que contemplan la reducción de los impuestos sobre los combustibles y otras exenciones fiscales.
