El sector apícola vive un momento de fuerte impacto negativo. Al auge de las importaciones, cifra que ascendió el pasado año a más de 35 millones de kilogramos a un precio medio inferior a dos euros, niveles que se sitúan por debajo de los costes de producción nacionales, se suma ahora la profunda preocupación ante la subida del precio del carburante como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, un incremento que coincide con el inicio de la campaña apícola y que agrava la ya delicada situación que atraviesa.
Según ha destacado Cooperativas Agro-alimentarias de España, “a los efectos del aumento del coste del combustible se suman otros factores que vienen afectando negativamente al sector, como los eventos meteorológicos adversos, los incendios forestales, la creciente complejidad en la gestión de la varroa y la fuerte competencia de las importaciones”.
El encarecimiento del carburante tiene un impacto directo en la rentabilidad de los apicultores y las apicultoras, especialmente los profesionales que practican la trashumancia. Estas explotaciones dependen del transporte de colmenas hacia distintas zonas de floración, una práctica esencial para mantener la producción y la salud de las abejas. De confirmarse las previsiones actuales, los apicultores deberán asumir un sobrecoste significativo que comprometerá aún más su viabilidad económica.
En cuanto a las importaciones, las cifras dificultan trasladar el incremento de costes al precio final, especialmente si la industria y la distribución continúan apostando por mieles de bajo valor procedentes de terceros países.
Cooperativas Agro-alimentarias de España reconoce el esfuerzo del Gobierno para mitigar los efectos de la guerra, pero considera que “las medidas adoptadas no se adaptan a las necesidades del sector apícola, que además está fuera del sistema de uso del carburante profesional o bonificado, lo que les obliga a asumir la volatilidad y el elevado coste del carburante convencional”.
Ante esta situación, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas adicionales que permitan paliar el impacto del incremento de costes energéticos sobre las apicultoras y apicultores , evitando así que se agraven los problemas estructurales que ya amenazan su rentabilidad y sostenibilidad.
