ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) aseguran que no pueden aceptar el acuerdo de una cesta de la compra a precios fijos y piden ayuda al Gobierno para controlar el IPC alimentario.
Tras la reunión mantenida ayer con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los representantes de la distribución aseguran compartir con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y han solicitado su apoyo a las medidas que vienen proponiendo las administraciones en los últimos meses.
Las empresas de distribución ya trabajan para ofrecer una cesta de la compra económica y la dinámica competitiva del sector ha contribuido a amortiguar la fuerte escalada de la energía y las materias primas.
Frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación. De acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.
Por ello, las asociaciones consideran el acuerdo «inviable y contraproducente» porque “parte de un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena, porque sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida”.
Así, han propuesto varias acciones que ayudarían a la contención del IPC alimentario. Éstas son más necesarias que nunca:
- Bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.
- Precio de la energía sostenible para toda la cadena, especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.
“La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación”, aseguran desde las asociaciones.
