La Confederación Española de Comercio (CEC) quiere trasladar una vez más su preocupación ante la decisión del Gobierno de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 en 1.184 brutos. En una carta remitida al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los principales grupos parlamentarios, ha señalado que esta medida sería especialmente gravosa para el comercio minorista, constituido en su inmensa mayoría por empresas con un solo establecimiento para las que el SMI se ha incrementado desde 2018 el triple que las ventas registradas, generando una gran desproporción entre el SMI y la evolución de la facturación.
Para la Confederación “es inasumible la falta de consideración hacia la evolución de la productividad como un indicador clave para la toma de decisiones salariales realistas, acordes a la situación económica de las empresas”.
CEC quiere resaltar también la importancia de proteger a un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, formado por 384.774 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.917.681 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional. Empresas muchas de ellas debilitadas ya por el constante incremento de costes al que se están viendo sometidas por el desarrollo de su actividad, unos costes a los que se podrían sumar ahora, en caso de aprobación, los derivados de la reducción de la jornada laboral y el aumento del SMI, lo que sin duda agravaría aún más su situación y las colocaría en grave riesgo de desaparición.
Por último, CEC quiere señalar que “estas imposiciones gubernamentales en cuestiones de salario y de reducción de jornada podrían dañar el diálogo social que representan los cientos de convenios colectivos que tienen en consideración las diferentes particularidades y realidades socio económicas de los ámbitos territoriales en los que se negocian. Además, una imposición de esta magnitud ignora el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social como vía para alcanzar acuerdos que favorezcan tanto a las personas trabajadoras como a las empresas, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible para el comercio de proximidad”.
