La Confederación Española de Comercio (CEC) ha emitido un comunicado en el que expresa su “total respaldo a CEOE y CEPYME en su rechazo al proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por el grave impacto que esta medida tendría sobre el tejido empresarial y el empleo, especialmente en sectores como el comercio de proximidad”.
Según explica la organización, imponer por vía legal una medida de esta magnitud, al margen del diálogo social y de la negociación colectiva, supone una amenaza directa a la viabilidad de miles de pequeñas empresas en nuestro país. Tal como habían señalado en un comunicado ambas organizaciones, “producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas”.
“En el caso concreto del comercio minorista, los efectos de esta reforma serían devastadores. Nuestro sector está conformado por más de 393.000 empresas, que representan el 12,3% del tejido empresarial nacional y generan el 4,9% del PIB. El 98% de estas empresas son micropymes que correrían un alto riesgo de desaparición si se les aplicara unas medidas que, si bien podrían cumplir su fin en otros sectores y tamaños de empresa, no lo harán en un sector como el comercio de proximidad, debilitado por el constante incremento de costes al que se ve sometido por el desarrollo de su actividad”, explica la CEC.
El comercio de proximidad emplea en España a 1.431.974 trabajadores por cuenta ajena que verán reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales. Eso supondrá, en conjunto, una reducción de 171,8 millones de horas al año. Estas cifras se refieren únicamente a los trabajadores por cuenta ajena y no tienen en cuenta a los 480.000 comerciantes autónomos para los que esta medida tendría otro efecto colateral sobre la conciliación del tiempo de trabajo y personal si desean mantener su capacidad competitiva, dadas las dificultades de contratación de personal cualificado para complementar esas horas (actualmente el comercio tiene 13.000 vacantes sin cubrir, según la encuesta de costes Laborales del INE).
Por otro lado, y en caso de contar con esa capacidad de contratación, supondría un sobrecoste que resultaría inasumible para muchos autónomos y pymes del sector. Estimamos que el coste laboral total anual para las empresas de comercio minorista española será de 3.866 millones de euros, como consecuencia de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas.
A esto se suma el hecho de que el comercio es un sector en el que la atención presencial al cliente es clave, lo que impide aplicar con facilidad fórmulas de reorganización o digitalización para compensar la pérdida de horas. Muchos establecimientos se verán obligados a reducir su horario de apertura hasta 120 horas al año, perdiendo competitividad frente a grandes formatos y plataformas digitales que no se ven afectadas por las mismas rigideces.
Por todo ello, desde la CEC se apoya las reivindicaciones de CEOE y CEPYME, que denuncian la falta de realismo y el impacto negativo de esta medida en sectores como el nuestro, a la vez que reitera su 2rechazo frontal a cualquier imposición unilateral que vulnere los principios del diálogo social recogidos en la Constitución y obvie la autonomía de la negociación colectiva”.
Asimismo, advierte del “riesgo de desaparición de miles de pequeñas empresas del comercio si no se reconsidera el enfoque de esta reforma”, por lo que hace un “llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto de la reducción. En el caso del comercio de proximidad será comprometerá la estabilidad de muchos negocios, su capacidad de generar empleo y su función esencial en la cohesión social de nuestros barrios y municipios”.
El sector hortofrutícola, contrario también a la medida laboral
Fepex ha rechazado también el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, “que se ha hecho sin tener en cuenta la negociación colectiva y sin tener en cuenta las especificidades del sector hortofrutícola, uno de los que más empleo generan en la agricultura y en el que la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción, por lo que provocará pérdida de competitividad en las explotaciones y afectará al empleo”.
Según señala la organización, “las sucesivas subidas del SMI, que desde el año 2018 han supuesto un incremento de más del 54%, ha determinado un aumento de costes salariales, que unido al incremento del resto de costes de producción ha hecho que las empresas se enfrenten a una situación muy difícil para mantener su sostenibilidad económica al no ser posible, en la mayoría de los casos trasladar los costes a los precios aceptados por la distribución y ante la fuerte competencia de países competidores extracomunitarios con costes laborales muy inferiores”.
“Además, esta medida muestra un gran desconocimiento de la realidad del sector agrario y en concreto las particularidades del sector hortofrutícola, que destaca por el carácter intensivo de sus cultivos y la importante demanda de mano de obra necesaria para mantener su actividad productiva”, añade y recuerda que este sector se caracteriza también por una marcada dualidad en relación con los empleadores que lo integran, formado por un mayoritario número de explotaciones de muy pequeña dimensión y por otro grupo formado por medianas y grandes explotaciones, que absorben la mayor parte del empleo por cuenta ajena y que se caracterizan por su orientación al mercado exterior.
Es un empleo definido por la estacionalidad, cíclica e intermitente en los trabajos en la producción, y la temporalidad y urgencia de muchas de las tareas y como consecuencia, la necesidad inmediata de empleo de mano de obra temporal. Esto hace necesario una serie de medidas que desde Fepex se han propuesto y trasladado a la administración, en especial una regulación de la distribución irregular de la jornada adaptada a las características del empleo del sector y el aumento del límite de horas extraordinarias, como tienen legislado los principales países competidores europeos
Al mismo tiempo los productores y exportadores agrupados en Fepex han mostrado “un gran malestar por las referencias a distintos sectores, entre ellos la Agricultura, que aparecen en la memoria de impacto del proyecto de ley del Ministerio de Trabajo, conocida esta semana, asegurando que tiene capacidad suficiente para sobrellevar una producción de la jornada laboral. Sin embargo, la realidad es distinta. Como ejemplo, según datos de Trabajo, el empleo ha crecido un 14% en el total de la economía entre 2019 y 2024. Sin embargo, en las empresas de entre uno y nueve trabajadores del sector de la agricultura, ganadería y pesca cayó un 7,3%”.
En esta línea, Fepex se suma al llamamiento realizado por CEOE a los partidos políticos para que frenen “esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá la reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva”.
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