La Asamblea de Fepex ha analizado los principales retos a los que se enfrenta el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, destacando el Brexit, estimando que en caso de que no haya un acuerdo comercial al final del periodo transitorio supondrá el pago de derechos arancelarios por valor de 198 millones de euros anuales; así como la reforma la PAC, apostando por los ecoesquemas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones.
En concreto, Fepex considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido, porque ello provocaría que las exportaciones paguen derechos arancelarios, que Fepex ha estimado en una cuantía anual de 198 millones de euros, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles.
Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se exportaron frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de 2020, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Con relación a la PAC, la Asamblea consideró que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como “derechos históricos”, lo que provoca distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas.
También en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y en concreto con relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea manifestó el interés por acceder a los ecoesquemas, régimen que permitiría al sector contribuir muy significativamente a la sostenibilidad medioambiental y climática.
