Las personas consumidoras cuentan ya con una mayor protección frente al greenwashing y otras prácticas desleales que dificultan las compras sostenibles desde el 27 de septiembre, según destaca la Federación de Consumidores y Usuario CECU.
En concreto, la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/825 o EmpCo), que entró en aplicación el 27 de septiembre de 2026, prohíbe las declaraciones medioambientales genéricas en los productos, endurece las normas de etiquetado y prohíbe las prácticas de obsolescencia programada. Se trata de un importante paso adelante para la protección de los consumidores.
Eva Kreisler, experta de sostenibilidad de CECU, afirma que “los consumidores deben poder confiar en las etiquetas de un producto o las afirmaciones ambientales de las empresas, sobre todo si eso les ayuda a tomar decisiones más sostenibles. Ahora corresponde a las empresas mejorar sus prácticas con información fiable. También es fundamental que las autoridades nacionales se aseguren de que los comerciantes las respeten y sancionen a quienes las incumplan”.
La legislación española aún no refleja plenamente estos cambios. La Directiva EmpCo es una de las dos directivas europeas que transpone la esperada Ley de Consumo Sostenible, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y aún en tramitación. No obstante, los consumidores pueden y deben ponerse en contacto con sus organizaciones de consumidores o con las autoridades competentes para señalar cualquier problema. Una vigilancia del mercado y una aplicación de la normativa rigurosas son fundamentales para garantizar que los comerciantes respeten las normas, señala CECU.
La nueva normativa establece:
-Prohibición de las declaraciones medioambientales genéricas para las que el comerciante no pueda demostrar un excelente rendimiento medioambiental (por ejemplo, mediante el uso de la etiqueta ecológica de la UE).
-Prohibición de las etiquetas de sostenibilidad que no se basen en sistemas de certificación o que no hayan sido establecidas por las autoridades públicas.
-Normas más estrictas para las declaraciones de comportamiento ambiental futuro, que solo se permitirán si incluyen un plan de aplicación realista, objetivos viables y si son revisadas periódicamente por expertos independientes externos, cuyas conclusiones se pondrán a disposición de los consumidores.
-Prohibición de las declaraciones de «neutralidad de carbono» en los productos cuando se basen en la compensación de emisiones de carbono, ya que resultan muy engañosas para los consumidores y están muy extendidas en el mercado, a menudo en los sectores más perjudiciales para el medio ambiente, como la aviación y la alimentación.
-Nuevas obligaciones de información sobre la reparabilidad y las actualizaciones de software para ayudar a los consumidores a elegir productos más sostenibles en el punto de venta.
-Nuevo aviso armonizado que los comerciantes deberán exhibir en las tiendas físicas y en línea, para informar mejor a los consumidores sobre sus derechos de garantía legal (en España la garantía legal para bienes nuevos es de tres años).
-Una nueva etiqueta GARAN armonizada para los productos que ofrezcan una garantía comercial adicional de durabilidad con el fin de facilitar la toma de decisiones de compra informadas y reforzar los incentivos para que los fabricantes comercialicen productos más duraderos.
-Prohibición de las prácticas de obsolescencia programada (que pueden provocar fallos prematuros en los productos) por parte de las empresas.
