La sectorial de frutos secos de la Unión de Uniones rechaza el Plan Estratégico que guiará la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el marco 2023-2027. Ni la definición de agricultor activo, ni el ajuste a 20 agroregiones que “perpetúa el desigual reparto de ayudas”, ni los ecoesquemas, ni el diseño de la ayuda asociada a los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación tienen en cuenta las necesidades del cultivo tradicional de los frutos secos en amplias zonas del Estado, señalan.
Los ecoesquemas, a los que podría acogerse el sector, serían el ecoesquemas cinco (superficies no productivas y elementos del paisaje), el seis (mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas) y el siete (mantenimiento de cubiertas vegetales inertes), exigen condiciones para la percepción de las ayudas en estos cultivos ligadas a la pendiente. Gran parte de dichas superficies de cultivo tradicional no cumplen los requisitos de pendiente con más ayuda (entre el 5% y el 10 %) que percibirían 175,8% para las parcelas con más de un 10% de pendiente. Los importes estimados por hectárea serían de 71,6 euros por hectárea para los de menos del 5%, es decir una reducción del 60% de la ayuda por hectárea y de 124,59 euros por hectárea para las parcelas con una pendiente entre el 5% y el 10%.
En el caso de las ayudas asociadas a los productores de frutos secos en secano con riesgo de desertificación, la Unión de Uniones señala la paradoja de dejar fuera del ámbito de la aplicación de la ayuda a las parcelas de cultivo de secano que han resuelto históricamente los problemas productivos derivados de la pendiente mediante sistemas de aterrazamiento con piedra seca y, más aún, los límites de pluviometría de esas parcelas con pendientes inferiores al 10% en 300 milímetros en zonas sometidas a episodios de lluvia intensa, de gota fría, donde pueden llegar a descargar en unas horas más del doble de este límite planteado.
La Unión de Uniones considera que estos son límites absurdos que castigan a los cultivos, en especial el almendro, poniendo en riesgo de abandono amplias zonas productivas en todo el arco mediterráneo. También excluye al cultivo de avellano de regadío, cultivo que incluso en estas condiciones continúa reduciendo su superficie productiva en España y que se encuentra en peligro de abandono, por no decir también del avellano y del algarrobo de secano de bajo rendimiento, que de acuerdo con la propuesta del Ministerio quedarían mayoritariamente también excluidos.
“Se trata de normas discriminatorias que dejan al sector con las manos atadas y empeoran la situación que teóricamente tratan de mejorar” señala el responsable del sector. “Cualquier borrasca puede llegar a descargar más del doble de lo señalado en el límite de pluviometría para acceder a las ayudas asociadas. Además de quedarnos sin caminos, del problema de las escorrentías, resulta que esa gota fría nos deja sin ayudas. Es decepcionante”, explican desde la organización.
En definitiva, la Unión de Uniones exige que ambos requisitos, pendiente del 10%, nivel de pluviometría sean eliminados del PEPAC que ha de enviarse a Bruselas, que, además, se atienda al futuro de un cultivo que genera tejido socioeconómico en amplias zonas de nuestro territorio, que tanto los ecoesquemas como las ayudas asociadas promuevan el mantenimiento del cultivo y el relevo generacional en el sector ya que, con los criterios que se barajan no se garantiza el futuro del sector.
