A las puertas de las elecciones generales, la cadena alimentaria ha realizado un pliego de peticiones que converge en tres frentes: simplificación administrativa, relevo generacional y reciprocidad en el comercio exterior, tal y como se ha expuesto este jueves durante el desayuno informativo «Demandas del sector alimentario para la futura Administración Pública»
El encuentro, que sirvió también para la presentación del Foro de la Nueva Alimentación, que es una iniciativa de Agrifood Comunicación para mejorar la reputación del sistema alimentario y su capacidad de influencia, se celebró este jueves en The Palace, a Luxury Collection Hotel (Madrid) ante cerca de 150 profesionales de la producción, la industria, la distribución, la restauración, responsables de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, representantes políticos y medios de comunicación.
El encuentro, que contó con el patrocinio del Foro Interalimentario y Maderalum, productora audiovisual especializada en el sector alimentario, reunió a Pedro Barato (Asaja), Andrés Góngora (COAG), Cristóbal Cano (UPA), Luis Cortés (Unión de Uniones), Ángel Villafranca (Cooperativas Agro-alimentarias de España), Mauricio García de Quevedo (FIAB), Pablo de la Cruz (La Distribución Anged), Ignacio García Magarzo (Asedas), Emilio Gallego (Hostelería de España), Adriana Bonezzi (Marcas de Restauración) y Fernando Móner (Avacu), con un objetivo: que los partidos conozcan de primera mano qué necesitan quienes producen alimentos para seguir siendo competitivos.
Así, se ha expuesto que detrás de cada demanda hay una pregunta que interesa a todos los hogares: ¿cuánto costará llenar el carro en los próximos años? El gasto en alimentación pesa cada vez más en el presupuesto familiar, como recordó Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), y los costes que hoy asumen agricultores, industria, supermercados y bares, de la luz y el gasóleo a la regulación o las bajas laborales, tienen un destino conocido cuando no se pueden absorber: el precio de venta al público.
Por otro lado, todas las organizaciones reclaman aligerar la carga administrativa. Asaja pide normas que se puedan cumplir: «el agricultor tiene que estar en el campo, no haciendo papeles». La Distribución Anged va más lejos y propone una vicepresidencia económica de desregulación: cifra en 36.000 millones de euros al año el sobrecoste de la regulación excesiva. UPA pide aplicar el principio de «una sola vez» e integrar los registros que hoy duplican trámites; Marcas de Restauración, un único interlocutor frente a las 17 normativas autonómicas con las que convive, y FIAB, en nombre del primer sector industrial del país, unidad de mercado y seguridad jurídica.
Asimismo, Asaja pidió al Gobierno actual y al que salga de las urnas «una defensa a ultranza de la PAC tal y como es hoy» en las cumbres europeas de noviembre y diciembre, que deciden un presupuesto que hoy la deja con cerca de 90.000 millones de euros menos, y que, gane quien gane el 29-N, la PAC sea una cuestión de Estado.
En cuanto al relevo generacional, según COAG, entre este mes y octubre de 2030 se jubilarán unos 43.000 agricultores profesionales, el 17% de los afiliados al régimen de autónomos agrario, y harían falta entre 8.000 y 10.000 incorporaciones de jóvenes al año para compensarlo. La organización reclama un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, mientras UPA abre sus 16 medidas con una Ley de Agricultura Familiar y un plan nacional de relevo. Asaja puso el acento en la rentabilidad: con menos del 9% de los perceptores de la PAC por debajo de los 40 años, «un joven se queda en el campo si el campo es rentable». Cooperativas Agro-alimentarias de España insiste en incorporar jóvenes y mujeres. Menos explotaciones es más dependencia exterior y precios menos estables.
En cuanto al comercio exterior, Asaja pidió que España active las cláusulas de salvaguardia del acuerdo con Mercosur, que se aplica de forma provisional desde mayo, en cuanto se disparen las importaciones, que haya controles de verdad en frontera y que no se modernice el acuerdo con Marruecos: «No es proteccionismo. Es pedir las mismas reglas para todos». UPA pide cláusulas espejo, controles fronterizos y salvaguardas automáticas; Unión de Uniones, reciprocidad y controles en frontera, y Avacu, en nombre de los consumidores, suscribe ambas demandas. La Distribución Anged pone el foco en las plataformas asiáticas, a las que atribuye 1.056 millones de euros de recaudación perdida y 56.000 empleos en riesgo.
Por otro lado, Asaja, COAG y Unión de Uniones reclaman un plan de choque contra los costes de producción y un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida y estable, y Asedas, rebajar los costes energéticos y logísticos de los supermercados. Asaja pidió además obras de regulación para el regadío, que con poco más de una de cada cinco hectáreas cultivadas aporta más del 70% del valor de la producción agrícola, e inversión y seguridad normativa para la bioenergía, como la de cultivos intermedios, que restaría dependencia del gas ruso y del petróleo importado y daría una renta extra al cerealista. En el capítulo fiscal, Hostelería de España -más de 300.000 empresas y el 6,7% del PIB- sitúa como prioridad número uno blindar el IVA reducido del 10%; Avacu pide aliviar la fiscalidad de la cesta básica, y FIAB, suspender el impuesto al plástico.
Por último, se ha destacado que la Ley de la Cadena Alimentaria divide al campo y la distribución: Asaja, UPA y Unión de Uniones quieren que se cumpla y se refuerce. Asaja pide más control, sanciones proporcionadas y más medios para que nadie pague por debajo del coste de producción, y UPA, convertir la AICA en agencia estatal y Asedas pide simplificarla. Hostelería de España y Marcas de Restauración exigen que los supermercados que sirven en sala, los llamados «mercaurantes», cumplan las mismas reglas que los restaurantes. Distribución y hostelería coinciden en atajar el absentismo con más papel de las mutuas: volver a niveles precovid ahorraría cerca de 17.000 millones de euros a las arcas del Estado.
El encuentro se cerró con la participación de los responsables políticos de los tres partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y VOX España, que tuvieron la oportunidad de expresar sus principales retos para los próximos años.
