El Consejo de Ministros ha aprobado ese martes el anteproyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera para “contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, poner en valor la función socioeconómica de la pesca en el territorio y estrechar el vínculo entre ciencia y política pesquera para racionalizar el marco normativo”, según ha informado el Ministerio de Agricultura (Mapa).
Hace más de 20 años que se aprobó la actual Ley de Pesca Marítima del Estado. Con la futura ley, el Gobierno actualiza la legislación vigente para dar respuesta a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, así como apostar por la modernización, transparencia y seguridad jurídica del sector pesquero.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha referido al anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros como “un paso adelante definitivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector pesquero en una triple dimensión: ambiental, económica y social”. “La sostenibilidad ambiental”, ha añadido el ministro, “es necesaria para mantener los recursos que permiten la actividad pesquera; la económica para hacerla rentable; y la social para el mantenimiento de las comunidades costeras a lo largo de los casi 8.000 kilómetros de litoral de nuestro país”.
El anteproyecto de ley forma parte del paquete legislativo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reordenar y mejorar la pesca, puesto que es una actividad económica garante de la seguridad alimentaria que desempeña una función clave en la vertebración de las comunidades costeras, con un bajo impacto en la huella de carbono. Asimismo, tiene en cuenta la tradición e importancia de la actividad pesquera de la flota española y del comercio de productos de pesca, con la existencia de regiones muy dependientes de estas actividades, en las que se ha configurado un sector económico de gran trascendencia en el conjunto de la economía nacional.
Reforzar la sostenibilidad y asegurar la actividad pesquera
La normativa pesquera actual, que data del año 2001, no es suficiente para dar respuesta a los cambios que durante dos décadas se han producido en el sector pesquero, por lo que es necesario actualizar la regulación y adaptarla a la realidad, explica el Mapa, que añade que “la adaptación pasa por introducir en el régimen jurídico variables relevantes, como la sostenibilidad de los recursos biológicos, el uso de la mejor y más reciente información científica o el enfoque ecosistémico, en consonancia con los acuerdos internacionales y los reglamentos europeos”.
El principio de sostenibilidad se incorpora de manera transversal en todo su articulado, abarcando tres aspectos interrelacionados de la misma: la conservación de los recursos pesqueros, la cohesión social y el empleo en las zonas costeras, y la actividad económica. La ley facilitará la planificación empresarial en el sector, al tiempo que salvaguarda la sostenibilidad de la actividad pesquera al clarificar los requisitos para acceder a la actividad, redefinir y ordenar registros y censos, actualizar criterios de reparto de posibilidades de pesca y transmisión de estas e implementar mecanismos que permitan un uso más eficiente y flexible de las cuotas.
En este sentido, el ministro se ha referido a la gestión de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y cuotas, así como a los mecanismos de acceso a los recursos pesqueros que “gracias a los registros en las licencias de pesca, en la inscripción oficial de buques y en el censo de caladeros, se va a aportar más seguridad, estabilidad y rentabilidad al sector”.
La norma introduce nuevos objetivos de investigación pesquera y oceanográfica como, por ejemplo, la búsqueda de nuevos sistemas de explotación de los recursos pesqueros más sostenibles y respetuosos con el medio marino; el estudio, seguimiento y evaluación de zonas de protección pesquera; o el estudio del impacto socioeconómico de las medidas de protección de los recursos pesqueros. Un mejor conocimiento científico que será la base en la toma de decisión en política pesquera.
Gestión de los recursos genéticos pesqueros
Asimismo, esta ley aborda la gestión de los recursos genéticos pesqueros. Hasta la fecha existía un vacío normativo en esta materia. Dado que supone la extracción del mar de un recurso marino vivo, debe cumplir con los mismos criterios de sostenibilidad establecidos para los demás recursos pesqueros. Por ello, se regula el acceso a los recursos genéticos que tengan la consideración de recursos pesqueros, exigiéndose autorización especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sin perjuicio, en su caso, de la licencia de pesca y se establece que sea este ministerio la autoridad competente en este asunto.
Los recursos genéticos pesqueros contribuirán de forma decisiva a la seguridad alimentaria. La riqueza mundial de recursos genéticos acuáticos ofrece al sector de la pesca y de la acuicultura grandes posibilidades de seguir mejorando su contribución a la seguridad alimentaria y de hacer frente al desafío de alimentar a una población cada vez mayor. Además tienen una enorme potencialidad en el ámbito de los nuevos usos surgidos del a partir del progreso constante la ciencia y la tecnología.
En definitiva, el anteproyecto permitirá elevar a rango de ley materias que hasta el momento estaban reguladas en vía reglamentaria, en especial en lo relativo a las cuestiones de gestión pesquera. Fijará los principios e instrumentos rectores de la política pesquera sostenible para proceder a un desarrollo normativo ordenado y coherente con estos principios.
