Cerca del 7% de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español, según el estudio elaborado por COAG sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Bajo el título, “Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional”, los Servicios Técnicos de esta organización analizan las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la del Covid-19, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales.
Según los datos actualizados del MAPA, en España hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. “No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión. ¿Qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas (más en la situación actual) en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria durante el inicio de la pandemia (mascarillas, EPIs, gel hidroalcóholico…)”, ha subrayado Miguel Blanco, secretario general de COAG.
El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre, 2020), cuyo objeto es el análisis de los posibles riesgos estructurales y tendencias globales a medio y largo plazo que podría afrontar la UE, señala entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales “ la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural”.
En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG señala la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa.
En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, añade la organización, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía. ”De ahí, que sea necesario elevar la mirada y poner la vista en el medio y largo plazo, de manera que se diseñen mecanismos de regulación y protección, por ejemplo, reservas estratégicas o mejoras en los sistemas de gestión de riesgos y crisis frente a calamidades y situaciones catastróficas”, recoge el estudio de COAG.
Además, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.
