La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que se investigue la posible entrada y comercialización en España de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados y etiquetados como si fueran originarios de Israel.
Ambas organizaciones sostienen que existen indicios de que frutas y hortalizas procedentes de asentamientos israelíes en territorios ocupados palestinos podrían estar llegando al mercado europeo y español sin que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado. La denuncia se basa en los indicios recogidos en el informe Importando la Ocupación, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, y en una reciente investigación periodística de Público.
Según la información aportada por CECU y COAG, España ha sido durante los últimos años uno de los principales mercados europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. En 2025, las importaciones españolas alcanzaron las 43.825 toneladas de patatas, por un valor de 26,59 millones de euros, y cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por unos 17 millones de euros. En conjunto, las frutas, hortalizas y semillas representaron el 81% del total de las importaciones españolas desde Israel.
Para ambas organizaciones, el volumen de este comercio refuerza la necesidad de garantizar la trazabilidad de los productos y que la información facilitada al consumidor refleje de forma veraz su procedencia.
Posible incumplimiento de la normativa
CECU y COAG advierten de que, si se confirmaran los hechos denunciados, los consumidores podrían estar recibiendo información incorrecta sobre el origen de los alimentos, lo que podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y etiquetado.
La denuncia también plantea la posibilidad de que estas importaciones incumplan el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina. Asimismo, solicita investigar el posible uso de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea.
Las organizaciones consideran además que una eventual comercialización de estos productos bajo un origen distinto al real podría generar una situación de competencia desleal frente a los agricultores que cumplen con la legislación española y europea en materia de producción, trazabilidad e información al consumidor.
Por ello, CECU y COAG reclaman a la Dirección General de Consumo que ejerza sus competencias de inspección para comprobar el origen real de los productos, identificar a los operadores que pudieran estar implicados y, si se confirman las posibles irregularidades, iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores.
David Sánchez Carpio, director de CECU, defiende que garantizar la veracidad de la información sobre el origen de los alimentos forma parte de los derechos de los consumidores y reclama una investigación exhaustiva y el cumplimiento de la legislación vigente.
En la misma línea, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, considera necesario investigar el origen de estos productos y depurar responsabilidades en caso de confirmarse las posibles ilegalidades. La organización agraria advierte además del impacto que esta situación tendría sobre la competencia para los productores que operan bajo las normas europeas.
