La gran distribución española ha reducido en un 60% su desperdicio alimentario en cinco años, reforzando el liderazgo de España en Europa, tal y como se ha destacado durante la jornada sobre desperdicio alimentario organizada por AECOC en Sevilla, donde representantes de la administración pública, la industria alimentaria, la distribución y la hostelería han coincidido en señalar que la en vigor de la Ley de Prevención y Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario llega en un momento en el que España ya destaca entre los países europeos con mejores resultados en esta materia
Durante la apertura de la jornada, Nuria de Pedraza, directora de Comunicación y responsable del proyecto ‘La Alimentación no tiene desperdicio’ de AECOC, destacó la trayectoria de esta iniciativa, impulsada por la asociación en 2012 y a la que actualmente están adheridas más de 700 empresas. Pionero en Europa, el proyecto nació con el objetivo de prevenir el desperdicio alimentario, fomentar el aprovechamiento de los productos no comercializados y sensibilizar tanto a las compañías como a los consumidores sobre el valor de los alimentos.
Catorce años después, los resultados reflejan el compromiso del sector: las empresas de la gran distribución españolas han reducido el desperdicio de productos comercializados del 0,95% al 0,37%, un avance que sitúa a España entre los países europeos más destacados en eficiencia y sostenibilidad alimentaria.
Una ley con vocación social y de aprovechamiento
La subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Díaz, destacó que la nueva normativa supone el paso de un modelo basado principalmente en actuaciones voluntarias a otro que incorpora obligaciones para todos los eslabones de la cadena. Según explicó, la ley establece una jerarquía de prioridades centrada en la prevención y el aprovechamiento de los alimentos, obliga a las empresas a disponer de planes específicos de reducción del desperdicio y fomenta los acuerdos con entidades sociales para canalizar las donaciones.
“España está concienciada y está haciendo las cosas bien en comparación con otros países europeos”, señaló Ana Díaz, quien subrayó además que “la ley no ha nacido con un carácter punitivo, sino como una nueva forma de gestionar el aprovechamiento de los alimentos”. En su opinión, se trata de una norma “ética y con un importante componente social” en la que “ganamos todos”.
Industria y distribución refuerzan sus estrategias de prevención
Durante la jornada, diferentes compañías compartieron las medidas que ya están aplicando para reducir pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria. Desde Ebro Foods, su directora de Comunicación y RSE, Ana Antequera, explicó que la compañía trabaja bajo un modelo basado en la prevención, el aprovechamiento y la valorización, actuando sobre el control de mermas, la optimización de procesos industriales, la gestión eficiente de inventarios y el seguimiento continuo mediante indicadores. “Las pérdidas y el desperdicio alimentario no se producen en un único punto, sino a lo largo de distintas fases de la cadena, por lo que la reducción del impacto depende de la acción coordinada de todos los agentes”, afirmó.
Por su parte, Elena Aldana, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Carrefour, presentó los avances de la estrategia “Desperdicio Alimentario Zero”, gracias a la cual la compañía ha reducido un 43% la intensidad de su desperdicio alimentario respecto a 2016 y ha donado más de 700 toneladas de alimentos a Bancos de Alimentos durante 2025. Durante su intervención, Elena Aldana destacó que Carrefour fue la primera empresa de distribución en España en obtener la certificación AENOR en materia de desperdicio alimentario y anunció que la compañía extenderá sus políticas de prevención a las plataformas logísticas.
Otro bloque de la jornada puso el foco en el papel de la hostelería, uno de los sectores llamados a acelerar su adaptación al nuevo marco legal. El CEO del Grupo San Eloy, César Arenas, definió la nueva normativa como “el fin de la abundancia sin consecuencias” y recordó que en España se desperdicia más de un millón de toneladas de alimentos al año. Según explicó, el coste de tirar comida va mucho más allá del valor del producto desechado, ya que incorpora también costes de compra, preparación, personal y energía. “Reducir el desperdicio no es solo cumplir la ley; es recuperar margen de beneficio”, señaló. En este contexto, destacó que la nueva normativa obligará a los establecimientos a reforzar la planificación, controlar las mermas y revisar sus modelos operativos para avanzar hacia una gestión más eficiente y rentable.
La jornada concluyó con una mesa redonda sobre los desafíos y oportunidades que plantea la nueva ley para la donación de excedentes alimentarios, en la que participaron representantes de Comerso Iberia, Fundación Altius Sevilla, la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y Mercasevilla. Durante el encuentro, los ponentes coincidieron en señalar que el nuevo marco legal refuerza el papel de la colaboración entre empresas y entidades sociales para facilitar el aprovechamiento de alimentos aptos para el consumo y ampliar el alcance de las donaciones a colectivos vulnerables.
