La lucha contra el desperdicio alimentario está a punto de dar un paso crucial con la inminente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, normativa que afectará de forma importante a la gran distribución española.
El texto ya ha sido remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y se encuentra en su fase final de tramitación, con fechas clave que marcan el camino hacia su entrada en vigor: el próximo 7 de febrero finaliza el plazo de enmiendas y propuestas de veto, y el 26 de marzo es el día límite de tramitación en el Senado. A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los supermercados y demás actores de la gran distribución de alimentos contarán con un año de plazo para adaptarse a las nuevas obligaciones.
En este contexto, Phenix, empresa experta en la gestión de excedentes alimentarios en España, analiza los alcances de la Ley para los supermercados y ofrece una serie de soluciones para ayudar a los establecimientos a adecuarse al nuevo marco normativo.
Así, recuerda que, en España, 25 millones de kilogramos de alimentos se desperdician semanalmente, de los cuales más del 80% son productos sin utilizar, según datos extraídos de los fundamentos de la Ley. Estas preocupantes cifras fueron motor de la normativa que se propone objetivos concretos: reducir en un 50% el desperdicio per cápita a nivel minorista y del consumidor para 2030, y en un 20% las pérdidas de alimentos durante la producción.
Los supermercados son actores clave en el alcance de estos objetivos porque se sitúan en un punto estratégico de la cadena alimentaria, conectando a productores y consumidores. Al gestionar grandes volúmenes de alimentos, tienen la capacidad de generar un impacto significativo en la reducción del desperdicio, tanto en el manejo de sus propios excedentes como en la sensibilización de empleados y clientes.
Por eso, la ley establece una serie de responsabilidades a los supermercados. Una de las más importantes, detallada en el Artículo 6, indica que aquellos establecimientos de la cadena alimenticia con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados estarán obligados a firmar acuerdos de donación con entidades sociales, garantizando que los alimentos que no puedan ser vendidos, pero que aún sean aptos para el consumo, se destinen a quienes más los necesitan.
Además, deberán promover la venta de productos con imperfecciones o cercanos a la fecha de consumo preferente, y fomentar prácticas sostenibles que reduzcan el desperdicio desde el origen.
Cómo adaptarse al nuevo marco legislativo
Reducir el desperdicio alimentario y adaptarse al nuevo marco legislativo representa un reto muy importante para los supermercados. Incluye la adopción de medidas y nuevos procesos, que implican desde un mejor control sobre las fechas de caducidad de los productos hasta la optimización del etiquetado con descuentos para aquellos alimentos próximos a vencer.
Además, es fundamental establecer un proceso integral de análisis, implementación y seguimiento de las donaciones, que garantice la seguridad alimentaria y una distribución segura, minimizando al máximo cualquier posible incidencia en el proceso.
“Nos encontramos en la recta final hacia la aprobación de una ley que marcará un antes y un después en la gestión del desperdicio alimentario en España. El tiempo corre, y es fundamental que los supermercados y grandes distribuidores comiencen a prepararse desde ahora, implementando medidas prácticas y estableciendo alianzas con socios estratégicos que conocen las especificidades de la gestión del excedente alimenticio. Desde Phenix entendemos que adaptarse no solo es una obligación, sino también una oportunidad para construir una cadena alimentaria más eficiente y responsable”, indica Jean-Baptiste Boubault, country manager de Phenix en España.
