Las medidas contempladas en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el 31 de marzo de 2022 van más allá de las exigencias de las directivas europeas y por tanto amenazan la competitividad del sector, en tanto que ponen a las empresas españolas en desventaja respecto a sus competidores del resto de Europa.
Así lo afirma la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), que reitera el compromiso del sector con el medioambiente y recuerda que las empresas han adaptado sus procesos productivos para hacerlos más sostenibles en la línea marcada en Europa.
Además, considera que la legislación orientada a avanzar hacia la sostenibilidad no debería mermar la competitividad empresarial, y en especial la de un sector clave para la economía española que cuenta con más de 30.000 empresas, en su mayoría pymes distribuidas por todo el territorio, y que emplea cada año a casi medio millón de trabajadores.
“La Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada hoy tendrá un importante impacto en las empresas del sector, alrededor de 2.000 millones de euros, y por tanto en el empleo”, afirma Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab.
E insiste en que “si el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases sigue adelante en los términos actuales hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector, podrían verse obligadas a cerrar y 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas estarían amenazados”.
Por estas razones, la Federación pide al Gobierno que escuche al sector antes de poner en marcha futuras medidas como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases e insiste en la importancia de ajustar y acompasar el ritmo de las medidas a la normativa europea.
