La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado el registro de la fábrica de Magrudis y varios inmuebles vinculados a la empresa y sus responsables. En la operación, la Guardia Civil ha detenido en la mañana de este martes al que la magistrada considera «administrador de hecho» de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, sus dos hijos (uno de ellos, Sandro José Marín Rodríguez aparece en el registro mercantil como administrador y socio único), y otras dos personas.
Tal y como explica Facua, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla trasladó al Ucoma los resultados de un análisis realizado el pasado febrero por el laboratorio Microal por encargo de Magrudis, el cual refleja que una muestra de un lote de carne mechada La Mechá había dado positivo por Listeria. Fue el laboratorio el que entregó la información al Juzgado cuando tuvo conocimiento de que estaba investigando a Magrudis.
De este modo, efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil han activado este martes un dispositivo especial consistente en precintar y realizar un registro en varios inmuebles, durante los que se han producido las detenciones. Registran, entre otras, la sede social de Magrudis en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla y la que podría ser una fábrica o almacén clandestino en Dos Hermanas.
Según recuerda Facua, la jueza admitió a trámite la querella presentada el pasado 23 de agosto por esta organización, que ejerce la acusación particular contra los responsables de la fabricación y comercialización de la carne mechada y el resto de productos de Magrudis contaminados por Listeria.
La magistrada ordenó la apertura de diligencias previas para investigar los hechos denunciados, «que podrían ser en principio constitutivos de un delito contra la salud pública y lesiones». La asociación ha comenzado a aportar documentación y casos de afectados para que la investigación abarque también los delitos de aborto y homicidio, sin perjuicio de otros que pudieran determinarse a lo largo de la instrucción. Más de 80 afectados han pedido ya a Facua que emprenda actuaciones en su nombre.
