Los eurodiputados han exigieron al Consejo Europeo esfuerzos para desbloquear las negociaciones entre los países de la UE, como ocurre en el caso del plan plurianual para la población occidental de jurel, bloqueada en el Consejo desde 2010.
Este tipo de planes de gestión de poblaciones de peces a largo plazo deberían aplicarse a todas las especies posibles y adoptarse por el procedimiento legislativo comunitario -por el que el Parlamento Europeo comparte poder legislativo con el Consejo-, establecen.
La reforma en curso de la Política Pesquera Común debe asegurar una pesca sostenible que luche por la preservación de los recursos naturales, advirtieron los eurodiputados en una resolución. Por otro lado la nueva política también deberá hacer más en apoyo de los pescadores, promoviendo la creación de empleo para las comunidades costeras y asegurando el abastecimiento de pescado a los ciudadanos de la UE.
El texto alienta a la UE a utilizar medidas de ‘discriminación positiva’ como garantizar un mejor acceso a los fondos comunitarios a los pescadores respetuosos con el medio ambiente. Además, exigen que los pescadores puedan tener acceso a otras fuentes de ingresos sin ser penalizados financieramente.
Se estima que el sector de la pesca (incluida la acuicultura) genera 34.200 millones de euros en ingresos anuales y mantiene más de 350.000 puestos de trabajo en la UE.